En una conferencia de prensa, el Tribunal de Contralor presentó un informe técnico contable sobre irregularidades en el ITVHS tras realizar una auditoria. El documento, que fue entregado al Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal, busca esclarecer el uso de fondos públicos y bienes administrados por el instituto.
El documento, elaborado data información con lo que se recabo desde hace más de un año y abarca dos periodos: 2015–2018 y desde 2018 hasta la actualidad. Según Estanislao Cazaux, presidente del Tribunal de Contralor, se hallaron irregularidades en el ITVHS de gran magnitud. Un hallazgo relevante indica que, de 3.852 lotes adjudicados, 1.758 no estaban registrados adecuadamente. Además, 37 lotes desaparecieron del listado oficial. No se siguió un criterio claro para la adjudicación, ya que el 50% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos básicos.
Se detectaron casos donde una misma parcela fue adjudicada a dos personas distintas sin actualizar la nomenclatura catastral. También se encontraron convenios irregulares con cooperativas, ya que varios beneficiarios no estaban inscriptos en el Registro de Tierras y Viviendas. No se hallaron registros sobre la entrega de materiales, ni se aclaró a quiénes se distribuyeron ni en qué cantidades.
Irregularidades en el ITVHS
El informe denuncia retenciones indebidas en pagos a la Dirección General de Rentas (DGR) y la AFIP, y compras de computadoras, que no figuran en los inventarios. Además, se constató que diferentes directores utilizaron fondos públicos para realizar viajes personales, incluso financiando traslados de menores sin justificación administrativa. Además detectó la contratación de 28 líneas telefónicas sin justificación. “Si yo fuera el intendente, cerraría el ITVHS, lo intervendría, regularizaría toda la circunstancia y pondría al instituto a solucionar el problema habitacional de la gente”, expresó Cazaux.
El informe fue elevado a las autoridades competentes y se prevé el inicio de actuaciones legales en los próximos días. La situación demanda una intervención urgente para regularizar el funcionamiento del Instituto de Tierras y Viviendas, considerando la magnitud de las irregularidades encontradas.
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