La reciente decisión del intendente de Bariloche de vetar la ordenanza que establecía la creación de un centro municipal integral para personas mayores ha generado un profundo rechazo. El intendente veta el proyecto desestimando la responsabilidad estatal bajo el argumento de que el cuidado de los adultos mayores debe recaer exclusivamente en el seno familiar.
Esta postura, que ignora las complejas realidades socioeconómicas de nuestra comunidad, pone de manifiesto una preocupante falta de perspectiva de género y una interpretación sesgada de los derechos humanos. Al justificar su medida con una experiencia personal, el mandatario omite que la gran mayoría de las familias trabajadoras no cuentan con los recursos económicos ni el tiempo necesario para garantizar cuidados profesionales.
Por qué el intendente vetó el hogar municipal y sus consecuencias
Esta decisión traslada una carga desproporcionada sobre los hombros de mujeres, quienes terminan sacrificando su propio desarrollo laboral y personal en un contexto de crisis inflacionaria. El cuidado de las personas mayores es, por definición, un derecho humano reconocido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
«El cuidado de las personas mayores es un derecho humano que obliga al Estado a proveer sistemas integrales y accesibles, no una responsabilidad privada».
Al desentenderse de esta obligación, el Ejecutivo local no solo invisibiliza a quienes no poseen redes familiares, sino que perpetúa la feminización de la pobreza y la precariedad laboral. La realidad que atraviesa Bariloche demuestra que el envejecimiento, especialmente en el caso de las mujeres que viven más años y presentan mayor fragilidad, requiere políticas públicas activas y no la privatización de la responsabilidad.
Un Estado presente frente al desamparo
La negativa a implementar este hogar municipal ignora deliberadamente tres pilares fundamentales: la asfixia económica que sufren las mujeres de bajos recursos, el desamparo de quienes envejecen en soledad y la necesidad de un Estado presente que garantice la dignidad humana por encima de cualquier recorte presupuestario.
«Gobernar de espaldas a estas urgencias, bajo el pretexto de que el cuidado es un asunto privado, resulta una medida ideológica que profundiza las desigualdades existentes».
Un hogar municipal no debe entenderse como un depósito, sino como un espacio de cuidado digno y un derecho exigible. La comunidad barilochense necesita respuestas que reconozcan a nuestros adultos mayores como sujetos de derecho y no como una carga familiar. La transparencia pública exige que el Estado asuma su rol indelegable, garantizando que el bienestar de nuestros mayores no dependa de la capacidad de pago de sus familias.
