La legisladora provincial Magdalena Odarda, integrante del bloque Vamos con Todos, ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Estado de Río Negro. Odarda denuncia que la Fiscalía ocultó el acuerdo con Lewis, buscando instar una investigación exhaustiva sobre el pacto conciliatorio suscrito entre el Ministerio del Interior de la Nación y la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate británico Joseph Lewis.
Esta presentación busca la declaración de nulidad tanto del acuerdo como de la sentencia judicial que lo homologó, bajo el argumento de que se ha vulnerado el patrimonio y los intereses fundamentales de la provincia. La legisladora sostiene que el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, no pudo haber sido ajeno a las negociaciones, dado que la documentación respaldatoria evidencia una intervención directa de diversos organismos provinciales.

Odarda denuncia que la Fiscalía de Estado ignoró sus deberes
Resulta inadmisible que el funcionario responsable de velar por la integridad de los bienes públicos rionegrinos alegue desconocimiento sobre un proceso de tal magnitud. Especialmente cuando se encuentran en juego recursos naturales, el acceso al Lago Escondido y la soberanía sobre tierras situadas en zonas de frontera.
«La Fiscalía de Estado, en su rol constitucional, tiene la obligación ineludible de controlar la legalidad de los actos estatales y proteger los bienes de todos los ciudadanos», enfatizó la legisladora.
Hermetismo y falta de transparencia en el proceso
La gravedad del asunto se profundiza al considerar que el acuerdo fue homologado durante la feria judicial y mantenido bajo un estricto hermetismo. Esta maniobra ha limitado severamente el acceso público a una causa de interés colectivo, impidiendo el control ciudadano sobre decisiones que comprometen activos estratégicos.
La sociedad rionegrina requiere respuestas concretas ante una situación que, lejos de ser un trámite administrativo menor, pone en tela de juicio la capacidad del Estado para defender sus propios activos frente a intereses privados. La transparencia pública es el eje central de este reclamo, pues la falta de control representa una afrenta directa a los derechos de la comunidad.

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