La justicia de Bariloche ha marcado un precedente necesario al dictar una medida ejemplar. Prohíben el ingreso a clubes deportivos a un progenitor que, de manera persistente, ha evadido su responsabilidad alimentaria, acumulando una deuda que asciende a 19,6 millones de pesos.
Esta resolución, dictada por una jueza de Familia, no solo busca garantizar el bienestar integral de un niño, sino que también visibiliza la urgencia de terminar con la impunidad frente a la vulneración de derechos fundamentales. La medida incluye, además, la prohibición de salir del país, la retención de su licencia de conducir y su inscripción inmediata en el Registro de Deudores Alimentarios de Río Negro.
Justicia prohíbe el ingreso y sanciona la violencia económica
Es fundamental comprender que la cuota alimentaria no constituye una deuda comercial común, sino que representa el pilar indispensable para la alimentación, la salud y la educación de las infancias. La magistrada, tras analizar los informes de ANSES que confirmaron la capacidad económica del hombre, desestimó cualquier argumento de imposibilidad financiera y calificó esta conducta como una forma de violencia económica.
«La cuota alimentaria no es una deuda comercial, es el pilar indispensable para la alimentación, la salud y la educación de las infancias».
Resulta inaceptable que, mientras el demandado continuaba frecuentando espacios de recreación y deporte, la madre del niño debiera absorber en soledad la totalidad de los gastos de crianza. Esta decisión se erige como una herramienta de presión legítima para restaurar la equidad y asegurar que el progenitor asuma el compromiso que le corresponde.
Un mensaje claro para la sociedad
La medida permanecerá vigente hasta que la situación sea regularizada, enviando un mensaje claro: el ejercicio de la paternidad conlleva responsabilidades económicas que no pueden ser ignoradas. Desde Bariloche En Redes, celebramos que la justicia ponga el foco en la protección de las infancias.
La Justicia prohíbe el ingreso a clubes como una medida de presión para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.
La transparencia en la gestión de estos expedientes y la firmeza en la aplicación de la ley son pasos esenciales para construir una sociedad más inclusiva, donde la responsabilidad compartida deje de ser una excepción y se convierta en la norma.
