La Justicia rechaza demanda contra un colegio de Bariloche tras un conflicto por normas de convivencia. El fallo judicial se dio a conocer recientemente, luego de que una familia presentara una denuncia por presunta discriminación vinculada a la apariencia física de un alumno, quien asistió a clases con el cabello teñido de un tono grisáceo, contraviniendo el reglamento interno de la institución.
Justicia rechaza demanda contra la institución educativa
El conflicto escaló cuando el establecimiento decidió no renovar la matrícula del estudiante para el ciclo lectivo siguiente. Lejos de ser una decisión intempestiva, el fallo destaca que el colegio agotó instancias de diálogo, citó a la familia en reiteradas ocasiones y buscó acuerdos previos. La sentencia subraya que el ejercicio del derecho de admisión no puede ser arbitrario, pero sí es válido cuando existe un incumplimiento sostenido de normas de convivencia previamente aceptadas por la comunidad.
«La medida no fue una represalia, sino una consecuencia de la falta de adecuación a las reglas institucionales que se aplicaban de manera uniforme a todo el alumnado», determinó el magistrado.
El análisis judicial sobre la convivencia escolar
La familia del joven argumentó que las exigencias sobre la presentación personal derivaron en hostigamiento y daños emocionales. Sin embargo, el proceso judicial incluyó la valoración de testimonios y peritajes psicológicos que concluyeron que el malestar denunciado no podía atribuirse exclusivamente al accionar del colegio, al existir otros factores personales ajenos a la institución.
Asimismo, la resolución enfatiza que el derecho a la educación fue garantizado, dado que la decisión fue comunicada con la antelación necesaria para evitar que el estudiante quedara sin escolarización. Este fallo, que aún puede ser objeto de apelación, invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre el respeto a la identidad individual y el cumplimiento de los acuerdos escolares. La transparencia en la aplicación de estas normas sigue siendo la garantía fundamental para proteger el bienestar de las juventudes en el sistema educativo local.
