La Legislatura de Río Negro ha sancionado por unanimidad una normativa de carácter humanitario que prohíbe cortes de servicios públicos domiciliarios de gas, luz y agua para los sectores más vulnerables de la provincia, extendiendo esta protección esencial hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta medida garantiza la continuidad de suministros vitales para jubilados, pensionados, familias con ingresos por debajo de la canasta básica, hogares con personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad extrema.
La aprobación de esta ley representa un avance significativo en la consolidación de derechos básicos, asegurando que ningún rionegrino se vea privado de recursos fundamentales en un contexto económico nacional marcado por la incertidumbre y la retracción del poder adquisitivo.
Una medida que prohíbe cortes de servicios esenciales
La legisladora Magdalena Odarda, integrante del bloque Vamos con Todos, subrayó que esta legislación coloca la dignidad humana en el centro de la agenda pública, cumpliendo con la obligación indelegable del Estado de proteger a quienes se encuentran en una posición de mayor fragilidad frente al mercado.
«Esta legislación coloca la dignidad humana en el centro de la agenda pública, cumpliendo con la obligación indelegable del Estado de proteger a quienes se encuentran en una posición de mayor fragilidad», destacó la legisladora Magdalena Odarda.
Es preciso destacar que la sanción definitiva de esta norma viene a subsanar el vacío legal generado tras el vencimiento de la prórroga anterior el 31 de diciembre de 2025, periodo durante el cual miles de usuarios permanecieron en una situación de total desprotección y riesgo inminente de interrupción de los servicios.
El rol de la movilización ciudadana
Este logro legislativo es el resultado de un proceso de incidencia política donde confluyeron el impulso de la senadora nacional Ana Marks y la persistente movilización de organizaciones sociales, entre las que se destacan la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
«La articulación entre la voluntad política y la demanda ciudadana organizada ha sido determinante para blindar estos servicios esenciales, transformando el reclamo social en una herramienta jurídica que prioriza la supervivencia de los sectores más postergados», señalaron desde las organizaciones sociales.
