La justicia condena a empresa de Bariloche tras un fallo ejemplar dictado por la Cámara Primera del Trabajo. La firma Casa Palm fue sentenciada por el despido indirecto de un trabajador. La situación de reclamo fue que el mismo sufrió un descuento arbitrario en sus haberes mientras atravesaba una licencia por salud mental.
El fallo subraya la prevalencia del derecho a la salud sobre las decisiones unilaterales de las empresas. La quita de catorce días de salario fue considerada una injuria grave que quebrantó el principio de buena fe laboral. El hecho afectó a un empleado con más de quince años de trayectoria en tareas administrativas y logísticas.
La justicia condena a Casa Palm por vulnerar derechos laborales
El conflicto se originó en marzo de 2024, cuando el trabajador inició un tratamiento psiquiátrico por un cuadro depresivo que requería reposo absoluto. A pesar de notificar su situación mediante canales formales y telegramas, la empresa desestimó los certificados médicos, calificó las ausencias como injustificadas y procedió a realizar el descuento salarial.
«La facultad de control patronal no debe ejercerse de manera arbitraria ni ignorar la documentación médica que respalda una patología real», sentenció el tribunal.
Durante el proceso judicial, quedó acreditado que la médica tratante no fue contactada por los profesionales contratados por la firma. Este hecho evidencia una falta de diligencia en la valoración de la salud del trabajador. La Cámara enfatizó que el empleador tenía pleno conocimiento del cuadro clínico, dado que había reconocido una licencia previa, por lo que la decisión de privarlo de sus ingresos resultó inadmisible.
Un precedente necesario para el sector productivo
Si bien el fallo reconoce la indemnización por antigüedad y los salarios adeudados, rechazó el reclamo por daño moral al considerar que no se presentaron pruebas suficientes para acreditar un acto discriminatorio directo. Esta resolución, que aún puede ser apelada, marca un precedente fundamental para nuestra comunidad.
Como vecinos y trabajadores, es imperativo exigir que las relaciones laborales se rijan por la ética y la protección de los derechos humanos. La justicia ha puesto un freno necesario a prácticas que, bajo el amparo de una supuesta gestión administrativa, terminan vulnerando la dignidad de quienes sostienen el motor productivo de Bariloche.
