Más de 150 vecinos, referentes sociales, jubilados y personas con discapacidad participaron de una instancia de formación sobre la reciente normativa provincial. En este contexto, la ley protege a las familias rionegrinas ante cortes de servicios públicos domiciliarios. Es una herramienta fundamental que busca blindar el acceso a la luz, el agua y el gas ante la compleja realidad económica actual.
La convocatoria, organizada para socializar los alcances de la ley sancionada el 11 de junio de 2026, contó con la apertura de los legisladores Daniel Belloso y José Luis Berros. Ambos enfatizaron la urgencia de empoderar a la ciudadanía para que el derecho a los servicios esenciales no sea vulnerado por la capacidad de pago.
Cómo la ley protege a los sectores vulnerables
Durante el encuentro, la legisladora Magdalena Odarda y la senadora Ana Marks explicaron que la norma establece una suspensión de cortes hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta medida alcanza a los sectores más vulnerables, incluidos aquellos hogares con ingresos inferiores a la canasta básica.
«La transparencia en la aplicación de esta medida resulta vital, ya que la norma prevé mecanismos específicos mediante declaración jurada para que los usuarios puedan acreditar su situación social y económica ante las empresas prestatarias», señalaron los especialistas.
Vigilancia colectiva y derechos del usuario
Se brindó información técnica sobre cómo proceder ante posibles incumplimientos por parte de las prestadoras, reafirmando que el Estado debe garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados sin excepciones. La jornada funcionó como una demostración de la necesidad de vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento de las leyes que protegen el bienestar cotidiano.
«La difusión de estas herramientas es el primer paso para que la ley deje de ser letra muerta y se convierta en un escudo real para quienes más lo necesitan», destacaron desde la organización.
La presencia de diversos legisladores, concejales, representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y centros de jubilados subraya el carácter transversal de esta lucha. Ante la incertidumbre económica, la organización comunitaria y el conocimiento profundo de las leyes vigentes son los pilares que sostendrán la dignidad de nuestras familias. Esto se exige que las empresas actúen con la responsabilidad que la situación demanda.
