La legisladora rionegrina Magdalena Odarda presentó un proyecto de comunicación para exigir respuestas ante la creciente explotación petrolera en Malvinas. La iniciativa, impulsada desde el Bloque Vamos con Todos, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que active mecanismos diplomáticos y judiciales contra las corporaciones Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por sus operaciones en el Atlántico Sur.
Acciones contra la explotación petrolera en Malvinas
La parlamentaria fundamentó su pedido en la reciente adquisición por parte de Navitas Petroleum del 65% del bloque PL001, una concesión otorgada unilateralmente por el Reino Unido que consolida el dominio sobre el yacimiento Sea Lion. Odarda advirtió que estas maniobras violan la Ley Nacional Nº 26.659, la cual prohíbe tareas hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental.
«Estamos asistiendo a un nuevo episodio de saqueo de los bienes naturales argentinos. Mientras el Reino Unido continúa desconociendo el derecho internacional, empresas privadas hacen negocios multimillonarios con petróleo que pertenece al pueblo argentino», aseveró Magdalena Odarda.
La legisladora denunció que las firmas involucradas bloquearon el acceso a información sobre sus emprendimientos desde el territorio nacional, lo que impide el escrutinio público sobre las dimensiones de los trabajos extractivos. Según el documento difundido por Prensa del Bloque Vamos con Todos, esta falta de transparencia busca ocultar el impacto real de la explotación petrolera en Malvinas.
«Resulta inadmisible que compañías extranjeras especulen financieramente con recursos estratégicos argentinos mientras consolidan una infraestructura destinada a garantizar décadas de explotación ilegal en nuestras Islas Malvinas», remarcó Odarda.
La representante recordó que durante el presente período ordinario promovió diversas actuaciones contra el proyecto Sea Lion. Sostuvo que las recientes determinaciones comerciales agravan el escenario y contravienen las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, que exigen a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en el área. Por estos motivos, el proyecto reclama que la Cancillería abandone su postura pasiva y profundice las acciones internacionales para frenar la actividad ilegal en la zona.
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