Organizaciones sociales, sindicales y políticas convocaron a una marcha en Bariloche para este jueves a las 17 horas en la intersección de las calles Onelli y Moreno. La movilización local pretende manifestar un rechazo popular contra la eliminación de los topes legales a la extranjerización del suelo argentino y visibilizar la preocupación por el impacto social directo que esta normativa tendría sobre el derecho a la vivienda de las familias trabajadoras locales. La protesta coincide con el debate en el Senado de la Nación, donde se discutirá la desregulación dominial de la tierra.
Durante una entrevista concedida al programa «Comenzando La Mañana», emitido por FM Vox Pópuli en la plataforma Bariloche En Redes, la senadora nacional Ana Marks analizó las consecuencias de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional. Al respecto, la parlamentaria rionegrina subrayó la trascendencia de la discusión legislativa al manifestar que «lo que suceda en el debate del jueves en relación a habilitar o no la extranjerización de tierras constituye un hecho clave en cómo se va a configurar el futuro de la Argentina». Según explicó la legisladora, la controversia supera la mera escala de hectáreas para situarse en el control estatal sobre el agua, los recursos minerales estratégicos y los bienes naturales comunes.
Situación territorial del departamento y límites legales
La situación adquiere gravedad en el departamento Bariloche, una región expuesta a un elevado valor inmobiliario, paisajístico y ambiental. En ese sentido, la representante en la Cámara Alta advirtió que la jurisdicción local ya se encuentra rozando el tope permitido por la legislación vigente.
«En nuestro departamento ya está extranjerizado en casi un 14%, estamos al límite de ser uno de los departamentos pasados en términos de posibilidad de extranjerizar», dijo Ana Marks.
En ese contexto, la senadora alertó que la remoción completa de las restricciones legales dejaría al territorio cordillerano expuesto ante grandes grupos transnacionales, recordando las denuncias sobre maniobras irregulares con compradores extranjeros registradas en litigios recientes. Frente a este escenario, la comunidad busca oponer resistencia social en consonancia con manifestaciones convocadas en el Congreso Nacional.
Organización comunitaria y marcha en Bariloche
Confirmando la cita comunitaria, la legisladora brindó detalles sobre la convocatoria local. Al respecto, la senadora indicó que «hay una convocatoria a las 17 horas que se está haciendo desde distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de Onelli y Moreno». La jornada busca presionar políticamente para impedir la sanción de un borrador que, según trascendió en el ámbito parlamentario, intentaría morigerar la norma elevando el techo legal de extranjerización del 15% al 25% en lugar de abolirlo plenamente.
Impacto sociohabitacional y cláusulas de desalojo
Asimismo, el análisis del proyecto pone de manifiesto aspectos gravosos en materia sociohabitacional para los sectores vulnerables. Entre los artículos incluidos en el proyecto de ley nacional, la parlamentaria alertó sobre cláusulas procesales que acortan los plazos de desahucio para poseedores e inquilinos sin titularidad regularizada. Sobre estas reformas, la entrevistada cuestionó los plazos fijados por la norma.
«Habilita desalojos exprés que van a hacer que en 10 días las familias se tengan que ir, lo que afecta el derecho a la vivienda», dijo Ana Marks.
Esta disposición amenaza la tranquilidad de numerosos barrios populares que aún gestionan la regularización dominial de sus tierras. La preocupación recae en la precariedad jurídica que sufrirían las familias trabajadoras ante la celeridad de los trámites judiciales previstos.
Restricciones a las herramientas del Estado
Por otra parte, la propuesta del gobierno central busca neutralizar la potestad estatal para declarar la utilidad pública de los inmuebles, eliminando la herramienta expropiatoria. Esta quita de atribuciones afectaría la ejecución futura de obras comunitarias, espacios industriales o soluciones habitacionales públicas. Evaluando las consecuencias, Marks señaló la pérdida de capacidad de acción del sector público.
«Eliminan la posibilidad de la expropiación, lo que significa que el Estado pierde una herramienta si mañana necesitamos recuperar una tierra para mejorar alguna cuestión social», dijo Ana Marks.
En el contexto local, la herramienta expropiatoria permitió históricamente concretar el parque industrial o impulsar la regularización del barrio Alun Ruca. La eliminación de este instrumento recortaría la posibilidad de ejecutar obras comunitarias o soluciones habitacionales públicas.
Modelos de soberanía y desarrollo local
El debate contrapone dos modelos de soberanía. Frente a los discursos que apelan a la inviolabilidad dominial, la senadora contrapuso la situación de vecinos que sufren la parálisis de obras como las 126 viviendas del Procrear en el barrio El Cóndor. Cuestionando la propuesta, Marks remarcó que «la propiedad que no está protegida es la de los vecinos y vecinas de a pie, esa propiedad no se vuelve inviolable». Para la parlamentaria, la movilización resulta clave ante posturas como las del gobernador Alberto Weretilneck, favorable a delegar decisiones sin tutela federal.
En el plano político, el despliegue de la marcha en Bariloche busca visibilizar el reclamo previo a otros encuentros dirigenciales. Asimismo, Marks confirmó su participación en el plenario partidario convocado por María Emilia Soria en General Roca. Sin embargo, enfatizó que la atención comunitaria debe centrarse prioritariamente en la sesión legislativa del jueves, donde la movilización buscará resguardar el patrimonio territorial nacional.
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