Archivaron el proyecto contra el cierre de escuelas rurales

La Comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro resolvió enviar al archivo el proyecto de ley que buscaba prohibir el cierre de escuelas rurales y residencias en el territorio provincial, tras un debate de casi tres horas. La propuesta, impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, solo contó con el respaldo de dos bancadas parlamentarias antes de ser desestimada por la mayoría oficialista y sus aliados. Frente a esta resolución, la parlamentaria responsabilizó políticamente a la ministra de Educación y Derechos Humanos, Laura Patricia Campos, a quien le solicitó dar un paso al costado por llevar adelante el cierre de establecimientos rurales durante su gestión.

Durante el debate, Odarda rechazó categóricamente las afirmaciones de funcionarios del Ministerio de Educación que aseguraron que en la provincia de Río Negro no se cierran escuelas. Para rebatir la posición oficial, la legisladora repasó una serie de resoluciones dictadas desde el año 2009, y con mayor frecuencia a partir de 2011, mediante las cuales la cartera educativa dispuso el cierre de escuelas, anexos hogar y residencias en distintos puntos del territorio rionegrino.

Resoluciones oficiales y establecimientos afectados

En su argumentación, Odarda detalló el cierre total de la Escuela N° 170 de Casa de Piedra y de la Escuela N° 51 de Colonia Josefa; la Residencia de Educación Primaria Mixta N° 306 de Ramos Mexía y la Residencia N° 343 de El Cuy; la Escuela Hogar N° 227 de Arroyo Tembrao y la Escuela Hogar N° 217 de Queupu Niyeu. Sumó a la lista el Anexo Hogar de Pilquiniyeu del Limay, el traspaso de la residencia de Pilca Viejo a la Fundación Cruzada Patagónica, la fusión de la residencia de Valcheta, los cierres de anexos en Arroyo Los Berros, El Caín, Colan Conhué y Mamuel Choique, y las clausuras de las residencias de Mencué y la N° 339 de Sierra Colorada.

«Cada establecimiento que desaparece significa menos oportunidades para nuestros niños y niñas, menos arraigo y más despoblamiento del interior rionegrino. Si muere la escuela, se ataca a la comunidad en su conjunto», dijo Magdalena Odarda.

Asimismo, la legisladora cuestionó la recurrente inasistencia de la ministra Campos a las comisiones legislativas y a las paritarias convocadas con el gremio UNTER. Odarda remarcó que la titular del área delega de forma sistemática la representación institucional en funcionarios de menor jerarquía y se niega a brindar explicaciones formales sobre los criterios pedagógicos y sociales de las medidas implementadas en la provincia.

«Es inadmisible que la máxima autoridad educativa nunca se presente a las comisiones legislativas. Otros ministros concurren personalmente, responden preguntas y rinden cuentas», dijo Magdalena Odarda.

El conflicto en Cerro Alto y el cierre de escuelas rurales

Durante la reunión de comisión se dio lectura a una carta enviada por la comunidad de Cerro Alto, donde denunciaron que su escuela rural fue cerrada bajo la excusa de una supuesta falta de agua, un argumento que los vecinos consideran totalmente falso. La comunidad cuenta con una sentencia judicial favorable para la reapertura del establecimiento, la cual fue apelada por la Fiscalía de Estado y tramita actualmente ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Odarda expuso además que el edificio escolar de Cerro Alto está siendo ocupado por una firma privada que retira su mobiliario, sin que existan respuestas por parte del Poder Ejecutivo. Al respecto, sostuvo que si una escuela pública con sentencia favorable para su reapertura está siendo utilizada por intereses privados, la situación resulta gravísima y exige explicaciones inmediatas por parte de las autoridades correspondientes.

La iniciativa legislativa contó con el respaldo explícito de integrantes de UNTER Región Sur, del legislador Fabián Pilquinao y del Parlamento Mapuche-Tehuelche. Las organizaciones denunciaron la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias afectadas por estas decisiones. En ese contexto, Odarda vinculó el vaciamiento escolar con el avance de proyectos extractivos en la región, alertando sobre la directa relación entre el cierre de escuelas rurales y el avance de la minería en Cerro Alto y Nahuel Niyeu.

«Nos preocupa profundamente que mientras desaparecen escuelas y se vacían los campos, avancen proyectos vinculados a la explotación de litio en Cerro Alto y de uranio en la zona de Nahuel Niyeu», dijo Magdalena Odarda.