Cupo del 10% de viviendas para personas con discapacidad

El concejal Leandro Costa Brutten presentó un proyecto de ordenanza para garantizar el acceso a viviendas para personas con discapacidad en San Carlos de Bariloche. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de Silvia Devalle, fue ingresada formalmente en el Concejo Municipal bajo el número 683.26 con el objetivo de establecer una reserva obligatoria no inferior al 10% de los lotes sociales y planes habitacionales gestionados por el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS).

Reserva de viviendas para personas con discapacidad

El proyecto busca reestructurar el sistema de adjudicación local para adecuar la normativa vigente a los estándares provinciales e internacionales. La propuesta surge como respuesta a la desprotección generada tras la sanción de la Ordenanza 3480-CM-2024, la cual modificó la Ordenanza 1815-CM-2008 y abrogó la Ordenanza 134-CM-1992. Aquella reforma eliminó el criterio de prioridad directa basado en puntajes, reemplazándolo por un cupo del 5% dentro de un universo general de vulnerabilidad socioeconómica, sin mecanismos claros de verificación.

«Presentamos un proyecto de ordenanza para garantizar que las personas con discapacidad tengan un acceso justo y efectivo a los planes de vivienda del Municipio», sostuvo Leandro Costa Brutten.

Desde una perspectiva jurídica, la iniciativa procura revertir lo que el bloque Incluyendo Bariloche considera una medida regresiva. La Ley Provincial 2055, que establece el Régimen de Promoción Integral de las Personas con Discapacidad en Río Negro, dispone un cupo mínimo del 10% en desarrollos habitacionales. El Municipio adhirió a esta pauta mediante la Ordenanza 1963-CM-2009, por lo cual la normativa actual vulnera la jerarquía superior al reducir dicho estándar. Asimismo, el proyecto señala el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma de rango constitucional que obliga a los Estados a implementar acciones positivas y prohíbe medidas retroactivas en materia de protección social.

El expediente destaca que la reforma de 2024 omitió la participación obligatoria del Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad, organismo creado por la Ordenanza 2038-CM-2010. Esta falta de consulta derivó en reclamos formales mediante las Notas 1786/2026 y 214/2026 dirigidas al Concejo y al IMTVHS. Además, el texto fundamenta su reclamo en los antecedentes del amparo colectivo «Ojeda Juan César y otros contra Municipalidad de San Carlos de Bariloche» (Expte. BA-30976-c-000/R.C. 01807), donde la justicia reafirmó el carácter obligatorio de la intervención del Consejo Consultivo en decisiones que afecten al sector.

En su parte dispositiva, la norma propuesta establece que el cupo del 10% será de cumplimiento obligatorio e independiente del padrón general, permitiendo que los interesados participen de manera simultánea en ambos sorteos. Si las unidades destinadas a esta reserva no llegaran a cubrirse, se prohíbe su redistribución automática al público general, exigiendo la apertura de convocatorias específicas. Para la preadjudicación, se contempla la elaboración de una escala de prioridad basada en criterios objetivos como la condición socioeconómica, el tipo de discapacidad, la situación habitacional, el nivel de dependencia y la antigüedad de la solicitud.

«El proyecto propone volver a un esquema que combine el sorteo general con mecanismos claros que aseguren el acceso efectivo de las personas con discapacidad», afirmó el edil.

La iniciativa también crea el Registro de Personas con Discapacidad Aspirantes al Hábitat Social en la órbita del IMTVHS, disponiendo el traspaso automático de quienes ya figuren en los padrones municipales. La reglamentación deberá concretarse en un plazo máximo de treinta días hábiles con la participación del Consejo Consultivo, fijándose la prohibición de efectuar nuevos sorteos si no se garantiza previamente el cupo legal. Finalmente, el texto añade una cláusula de no regresividad para blindar este piso de protección hacia el futuro, asegurando que las políticas públicas mantengan el compromiso con la inclusión habitacional de este colectivo.