La Mesa de Barrios Populares presentó una severa acusación contra el Ejecutivo Municipal de Bariloche y las autoridades del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS). A través de un comunicado, los referentes territoriales señalaron un persistente vaciamiento presupuestario y el desmanejo de las partidas destinadas a obras de infraestructura y regularización en los sectores vulnerables.
Reclamos de la Mesa de Barrios Populares
Según detallaron desde la organización, las metas proyectadas no fueron ejecutadas durante 2024 y 2025, evidenciando un patrón de inacción que vuelve a repetirse en el presupuesto de 2026. Frente a esta situación en los territorios, la Mesa de Barrios Populares ratificó su postura mediante un comunicado oficial.
«Denunciamos el incumplimiento y la falta de acción ante los compromisos asumidos con los barrios populares por parte del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, así como el desvío de fondos.»
El análisis de la documentación adjunta revela la magnitud de los recursos cuyo destino concreto se desconoce. El Plan de Acción 2025 disponía de $3.572 millones, con $1.500 millones para infraestructura. A su vez, contemplaba sumas para regularización: $1.120 millones para el barrio 29 de Septiembre, $120 millones para Alun Ruca, $60 millones para Vivero II, III y IV, $30 millones para el 2 de Abril y $16,5 millones para San Francisco IV.
La incertidumbre adquiere gravedad al considerar que para 2026 el Instituto tiene un presupuesto aprobado de más de $4.763 millones, con $1.902 millones para urbanización, $60 millones para Alun Ruca, $54 millones para el barrio 2 de Abril y $28 millones para Vivero II, III y IV. Por ello, la referente Mariana Marinelli e integrantes del colectivo interpelaron a los funcionarios.
«Exigimos que tanto el Ejecutivo Municipal como el Instituto de Tierras aclaren el destino de los recursos y cumplan con los compromisos asumidos.»
La demanda insta a acordar una agenda de trabajo con prioridades, responsables y plazos, fortaleciendo las políticas de integración socio-urbana con personal y recursos. El colectivo concluyó su presentación con una exigencia clara: «Los compromisos y el presupuesto deben cumplirse y deben llegar a los barrios».




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