El gremio docente UnTER Seccional Bariloche, junto con el sindicato ATE Bariloche, realizó una movilización y conferencia de prensa en defensa del IPROSS frente a la sede local de la obra social, en el marco de una jornada de paro contra la normativa aprobada en la Legislatura provincial. La iniciativa habilita a empleadxs del sector público rionegrino a desafiliarse de la entidad estatal para derivar sus aportes a empresas de medicina prepaga. Desde la conducción gremial advierten que la medida fomenta la privatización sanitaria, profundiza la precarización en la atención médica y desatiende la realidad de lxs trabajadxrxs estatales, cuyos haberes se encuentran mayoritariamente por debajo de la línea de pobreza.
En una entrevista brindada al matutino radial «Comenzando La Mañana», la dirigente gremial Adriana Lizaso cuestionó la viabilidad material de la desregulación impulsada por el Gobierno de Río Negro y remarcó la imposibilidad de que los sueldos estatales puedan afrontar los valores del mercado privado.
«Es una medida políticamente perversa y una tomada de pelo pública, porque con salarios de pobreza los trabajadores no tienen condiciones materiales para acceder a una prepaga.», dijo Adriana Lizaso.
La defensa del IPROSS frente a la desregulación
La obra social solidaria IPROSS brinda cobertura a más de 165.000 afiliados, entre trabajadores de los tres poderes del Estado, jubilados y sectores descentralizados. Durante la protesta, las dirigentas explicaron que la transferencia de aportes patronales resulta insignificante frente a los costos actuales de las prepagas. Cuestionaron además al Ejecutivo rionegrino por aplicar descuentos para la obra social sobre montos salariales no remunerativos —que representan más del 60 % del haber docente—, desfinanciando la estructura solidaria y deteriorando las prestaciones médicas y farmacéuticas.
Acompañando el registro de la actividad gremial difundido a través del canal de Instagram de Bariloche En Redes en la publicación en vivo de la conferencia, el sindicato denunció que la falta de fiscalización estatal perjudica el funcionamiento interno del organismo y exigió la puesta en marcha de los mecanismos constitucionales de control. Silvia Schroeder, dirigente de UnTER, señaló que la ausencia de supervisión legislativa ha sido una constante durante años.
«Lleva 15 años sin funcionar la comisión de seguimiento de la legislatura y 15 años sin una comisión funcionando son 15 años sin transparencia.», afirmó una dirigente de UnTER.
Frente al argumento de la libre competencia en el sector salud, la representación docente sostuvo que la inmensa mayoría del personal mantendrá su afiliación para garantizar la defensa del IPROSS como un pilar de solidaridad colectiva. Las referentes explicaron que las empresas prepagas orientan su negocio a la captación de aportantes jóvenes o sin enfermedades previas, excluyendo a grupos familiares con patologías complejas. Una dirigente de la Seccional Bariloche enfatizó la exigencia de transparencia sobre las lógicas de mercado: «No queremos que compita en el mercado, queremos que funcione como corresponde y que sea un derecho para todos y todas como debe ser.»
La problemática coincide con un crítico panorama en el ámbito previsional de Río Negro. Durante las jornadas de protesta, las autoridades gremiales mantuvieron reuniones con sectores de jubilados que reclaman la paralización de más de 670 trámites jubilatorios en la provincia. La parálisis obedece al incumplimiento por parte del Estado provincial de un compromiso asumido en el año 2021 para blanquear las cifras no remunerativas e incorporarlas progresivamente al haber básico. Esta omisión de aportes previsionales desencadenó un conflicto de jurisdicciones entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el gobierno rionegrino, postergando los derechos del personal pasivo.
El plan de acción sindical contempla también el pedido urgente de paritarias, tras un mes de silencio oficial, y el rechazo a las reformas pedagógicas dictadas sin participación docente. En este contexto, la efectividad del paro se enfrenta a los agresivos descuentos salariales ejecutados por la provincia. Una referente gremial detalló cómo la docencia busca sostener las medidas frente a la presión económica: «El impacto de los descuentos es muy duro y eso repercute en los porcentajes de adhesión, pero las escuelas se empiezan a organizar.»
A la crisis institucional se añade la compleja situación del hospital público en Bariloche, marcada por la falta de turnos y las fallas constantes en las herramientas digitales de gestión como el bot de WhatsApp. Esta carencia deja a un amplio sector de la población sin la debida atención médica en los centros de salud pública. Frente a los dichos del gobernador rionegrino, quien tildó de autoritaria la oposición sindical a la desregulación, la representación gremial respondió rechazando la acusación del Ejecutivo provincial: «Autoritario para nosotras es presentar un proyecto sin la voz de los trabajadores.»




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