Una jornada de movilización y concentración en las puertas de la sede local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ubicada en la calle John O’Connor entre Elflein y Ángel Gallardo, visibilizó la grave situación administrativa que paraliza los trámites de jubilación del sector docente en la provincia. La manifestación, que contó con el acompañamiento de agrupaciones de jubilados e integrantes de otros sectores, concluyó con la entrega formal de un petitorio a la jefa de la dependencia oficial, Celeste García Ventureira, en demanda de soluciones urgentes para los expedientes demorados.
Las demoras operativas, que se extienden entre diez meses y un año sin resoluciones definitivas, afectan directamente la estabilidad económica y la cobertura de salud de quienes ya han presentado su dimisión a los cargos escolares. Durante una entrevista concedida al programa «Comenzando la mañana» de Bariloche En Redes, la secretaria de Jubilados y Retirados de UnTER Bariloche, Claudia Baum, explicó la raíz de la problemática salarial que entraba las gestiones.
«Los docentes de Bariloche y de Río Negro que están en condiciones de jubilarse presentaron sus renuncias y no se están pudiendo jubilar.», dijo Claudia Baum.
El impacto de los trámites de jubilación en el sector docente
El conflicto técnico radica en el estancamiento de un convenio suscripto en octubre de 2021 entre el gobierno de la provincia de Río Negro y el organismo previsional nacional, mediante el cual el Estado provincial asumía el compromiso de blanquear gradualmente las sumas no remunerativas asignadas a los haberes. Al no consolidarse dicho traspaso de los montos abonados en negro, los expedientes son catalogados de manera compleja en las dependencias administrativas, situación que se agrava por la carencia de personal idóneo en la provincia para procesar las liquidaciones, derivando la totalidad de las carpetas hacia la Capital Federal.
Las consecuencias inmediatas impactan severamente sobre la subsistencia de las trabajadoras y los trabajadores de la educación que eligen la vía de la renuncia definitiva por razones del desgaste propio de la tarea pedagógica. Respecto al impacto económico de este estancamiento, Baum remarcó en el espacio radial las precarias condiciones que enfrentan las personas afectadas: «Los compañeros que firmaron la renuncia definitiva dejan de trabajar, pero no cobran un peso hasta que no llegue el alta de su jubilación.»
La interrupción total de los ingresos normales se agrava con la pérdida de las coberturas provistas por la obra social IPROSS y la falta de seguros frente a eventuales siniestros de salud, obligando a las familias a contraer endeudamientos bancarios o financieros de alto costo para sostener el periodo transitorio. Ante esta coyuntura, la seccional sindical emprendió un relevamiento que abarca a la zona andina y a los diversos departamentos de la provincia de Río Negro. Al ser consultada sobre las dimensiones reales del problema, Baum aportó datos precisos: «Llevamos alrededor de 80 personas en Bariloche y Dina Huapi, y en toda la provincia calculamos entre 450 y 460.»
La continuidad del proceso biológico en las aulas de nivel inicial y primario plantea también una exigencia laboral que incide directamente sobre las condiciones pedagógicas del sistema educativo público, según subrayaron desde la dirigencia del gremio. Respecto del reclamo esencial para regularizar las carpetas previsionales pendientes de alta, la secretaria sostuvo:
«Reclamamos nuestro derecho a jubilarnos, que no es algo extraordinario tras trabajar tantos años.»
Posteriormente a la recepción de la delegación gremial en las instalaciones públicas de la calle John O’Connor, las autoridades informaron que se prevé una reglamentación interna que requeriría la firma de una declaración jurada tramitada ante el Consejo Provincial de Educación con un plazo proyectado de 120 días. Al finalizar el encuentro, la secretaria general de UnTER Bariloche, Norma Pérez, evaluó las explicaciones oficiales y ratificó que la responsabilidad principal por las sumas adeudadas continúa recayendo sobre las autoridades del Ejecutivo rionegrino.
«Lo alarmante es que el gobierno de la provincia de Río Negro tiene que firmar esa declaración jurada para cumplir con el blanqueo del salario.», señaló Norma Pérez.
Frente a un panorama de incertidumbre que pone en riesgo las conquistas del régimen especial previsional acordado históricamente en las instancias paritarias, el gremio mantiene abiertas diversas acciones de carácter legal. Sobre las intervenciones judiciales que el equipo legal ha impulsado en defensa de los derechos laborales del sector, Pérez concluyó: «En la justicia ordinaria se han logrado destrabar algunas de las jubilaciones retenidas y tenemos también el recurso de amparo por mora.»
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