Padres y madres de la Escuela 16 de San Carlos de Bariloche iniciaron gestiones para la reparación de la Escuela 16, concurriendo a la Comisión Legislativa del Concejo Municipal con el objetivo de impulsar la tramitación de un proyecto de ordenanza. La iniciativa busca canalizar recursos del Fondo Permanente para la Conservación del Patrimonio Cultural hacia los estudios técnicos y la restauración edilicia del establecimiento. La propuesta, impulsada por los concejales Facundo Villalba y Laura Totonelli, procura destinar fondos asignados a la preservación patrimonial para frenar el continuo deterioro físico de la institución. Durante la reunión, las familias expusieron la urgencia de alcanzar una solución efectiva que garantice condiciones de seguridad estructural para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Gestión de fondos para la reparación de la Escuela 16
La viabilidad financiera del proyecto se fundamenta en un esquema impositivo establecido en el año 2011, que destina un porcentaje de la recaudación por derechos de edificación a la conservación edilicia de carácter histórico. Durante una entrevista concedida al programa «Comenzando La Mañana de Bariloche En Redes», el concejal Facundo Villalba precisó el origen administrativo de estas partidas tributarias.
«El 10% de todo lo que se recauda de eso va a un fondo para la restauración del patrimonio histórico de la ciudad.», dijo Facundo Villalba.
De acuerdo con los datos presentados en el ámbito deliberativo, la partida presupuestaria proyectada para la preservación del patrimonio contemplaba un monto total de 150 millones de pesos para el ejercicio vigente, de los cuales se habían recaudado aproximadamente 80 millones de pesos hasta el mes de julio. La intención de utilizar estos recursos surge ante la gravedad de las fallas edilicias registradas en la estructura escolar, que incluyen fisuras de consideración en la mampostería y un progresivo deterioro en las instalaciones del techo. Sobre el diagnóstico físico del inmueble centenario, el concejal Villalba describió las condiciones críticas observadas en el lugar al señalar que «literalmente la escuela se está viniendo abajo».
Frente al riesgo operativo en diversas áreas de la institución, las autoridades educativas resolvieron la inhabilitación parcial de aulas, obligando a reestructurar la dinámica escolar mediante la unificación de cursos de distintos niveles en un mismo espacio. Esta situación provocó reiteradas manifestaciones por parte de las familias, que demandan la adopción de medidas estatales definitivas para evitar la pérdida continuada de jornadas de clases y el menoscabo de la calidad educativa. En relación con las gestiones sostenidas por la comunidad escolar para visibilizar el conflicto, el edil ponderó el rol del reclamo vecinal.
«Hay una comunidad educativa que no se resignó y un proyecto concreto sobre la mesa para empezar a dar respuestas.», señaló Facundo Villalba.
Por su parte, los representantes familiares enfatizaron en el recinto legislativo que las diferencias de competencia entre los niveles del Estado no deben dilatar la ejecución de las mejoras requeridas. En representación de los padres y madres que asistieron a la reunión, Belén Grandón manifestó la urgencia de obtener medidas concretas:
«Somos padres y madres que todos los días tenemos que mandar a nuestros hijos a esta escuela y queremos que puedan estudiar en un lugar seguro».
En el marco de los debates parlamentarios, el secretario municipal Martín Iriarte confirmó que, tras coordinar con el intendente Walter Cortés, el Ejecutivo local coincide en la conveniencia de aplicar las partidas de preservación patrimonial para solventar los arreglos. Sin embargo, la puesta en marcha de las tareas enfrenta un impedimento normativo, puesto que la Municipalidad carece de la potestad legal necesaria para llevar a cabo relevamientos de infraestructura sin la correspondiente autorización del Gobierno de la Provincia de Río Negro. Las normativas dictadas por el Ministerio de Educación provincial determinan de manera taxativa que la elaboración de diagnósticos técnicos e informes catastrales en los inmuebles escolares es una atribución exclusiva del Consejo Escolar Zona Andina. Esta limitación formal ha impedido la confección de los peritajes de factibilidad indispensables para definir el presupuesto total que demandará la restauración integral del edificio.
El estancamiento administrativo evidencia falencias de coordinación operativa entre los distritos municipal y provincial, pese a que ambas administraciones integran la alianza política Estamos Haciendo Bariloche. Este espacio electoral agrupa al Partido Unión y Libertad (PUL) del intendente Cortés y a Juntos Somos Río Negro (JSRN), encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, con vistas a la contienda por la elección de convencionales constituyentes que abordarán la reforma de la Carta Orgánica. Con respecto a la necesidad de articular respuestas eficientes que superen la coyuntura política y administrativa, aunque no estuvo presenta en la Comisión Legislativa, la concejal Laura Totonelli apeló a la posibilidad de destrabar la asistencia técnica requerida:
«Si pueden darse acuerdos políticos electorales entre gobiernos, es esperable también que pueda darse una respuesta técnica definitiva a la comunidad educativa que tanto lo está esperando».
El expediente de ordenanza proseguirá su tratamiento en las comisiones internas del Concejo Municipal a la espera de establecer canales de diálogo formal entre el Municipio y las autoridades educativas provinciales para avanzar con la reparación de la Escuela 16.
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