La discusión sobre la equidad presupuestaria y el reparto de fondos a municipios rionegrinos sumó un posicionamiento institucional clave en la Legislatura provincial. La parlamentaria Magdalena Odarda, integrante del bloque Vamos con Todos, expresó su respaldo a la propuesta presentada por el municipio de General Roca para reestructurar el esquema de recursos públicos. Al mismo tiempo, cuestionó el sistema de compensaciones transitorias impulsado por el Poder Ejecutivo y cruzó los dichos del ministro de Gobierno, Agustín Ríos, en un debate que expone profundas desigualdades tributarias entre las distintas localidades de la provincia.
El debate por el reparto de fondos a municipios
El conflicto político escaló tras las afirmaciones del funcionario provincial, quien descalificó los reclamos públicos formulados por la intendenta roquense María Emilia Soria al señalar que incurría en improvisaciones. Frente a esos dichos, Odarda consideró inaceptable el agravio hacia una gestión municipal respaldada por las urnas y destacó la actitud democrática de la jefa comunal en la defensa de los intereses de su ciudad.
«Considero una absoluta falta de respeto acusar de improvisación a una intendenta que siempre ha mantenido una fuerte actitud de construcción democrática, defendiendo los intereses de los habitantes de la ciudad que conduce.»
En ese marco, la legisladora sostuvo que el Ejecutivo debe abandonar la descalificación personal y entablar una instancia formal de concertación respetuosa con las autoridades electas. Al evaluar el rol asumido por el titular de la cartera de Gobierno, exigió una revisión de la postura oficial:
«El ministro Ríos debería retomar su análisis del proyecto en discusión pidiendo las correspondientes disculpas públicas, demostrando una actitud de diálogo, transparencia y ética política, pero fundamentalmente de escucha respetuosa.»
El eje del debate se centra en el proyecto del Gobierno provincial para otorgar compensaciones transitorias con fondos propios a catorce municipios. Según denunció la parlamentaria, utilizar erogaciones del erario común para beneficiar de forma discrecional a intendencias del oficialismo o aliadas perjudica al resto de las comunas. Las asimetrías quedan expuestas al comparar los porcentajes asignados a cada ciudad. La legisladora señaló: «Mientras Cipolletti recibiría un 11% en concepto de compensación, General Roca solo percibirá un exiguo 2% y Catriel solo un 5%, sin tener presente el inmenso aporte que ha hecho esta localidad a la economía.»
La arbitrariedad del esquema oficial también afecta a otras poblaciones del Alto Valle que quedan marginadas de cualquier reparto de fondos a municipios. Al referirse a la falta de correlación entre lo que producen los centros productivos y lo que les devuelve la provincia, Odarda advirtió sobre la situación de comunas vecinas: «Nos preocupa por qué otros municipios como General Godoy no perciben ni un solo peso y otras municipalidades como Cervantes o Ingeniero Huergo no reciben la compensación de acuerdo al aporte que efectivamente hacen.»
Ante esta disparidad, la Municipalidad de General Roca propuso modificar los tres componentes del modelo diseñado por el gobernador Alberto Weretilneck. La propuesta alternativa plantea elevar del 40% al 60% la ponderación del crecimiento poblacional y reducir del 40% al 20% la incidencia de la recaudación provincial. Esta modificación busca corregir una distorsión estructural, dado que la actividad frutícola está exenta del impuesto a los Ingresos Brutos, por lo que el cálculo oficial omite el verdadero volumen productivo regional.
Para dar mayor transparencia a la asignación, la iniciativa roquense propone añadir variables objetivas como el nivel de empleo registrado, la cantidad de habilitaciones comerciales y la superficie productiva. Dichos parámetros permitirían elaborar un diagnóstico transparente de la contribución económica comunal, evitando favoritismos políticos en la distribución del esfuerzo de los rionegrinos.
Desde el plano constitucional, Odarda recordó que la modificación de la coparticipación exige una Ley Convenio ratificada por los 39 concejos deliberantes, consenso que el Ejecutivo no alcanzó. Frente a este fracaso, ratificó la postura de su bloque: «Las compensaciones transitorias no son recomendables cuando se trata de la distribución de los dineros públicos que sí requieren de una nueva ley convenio de coparticipación.»
Finalmente, la legisladora exigió la puesta en marcha de la Comisión de Aplicación y Arbitraje de la Ley 1946, la restitución de las regalías mineras a municipios no productores y la coparticipación de los ingresos por concesiones hidroeléctricas. El planteo apunta a terminar con las inequidades y avanzar hacia un modelo fiscal justo para todas las ciudades de Río Negro.
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