La legisladora provincial Martina Lacour desmintió al gobernador Weretilneck sobre el alcance de una ley de la Legislatura Provincial. En el marco de la entrevista concedida al programa radial «Comenzando La Mañana», emitido por Bariloche En Redes la legisladora desdijo al gobernador luego que el mandatario, a través de un video, anunciaba que transfería la propiedad de la avenida Bustillo al municipito de Bariloche. La representante parlamentaria realizó una enfática aclaración respecto del alcance legal del proyecto sancionado recientemente en la Legislatura sobre el recorrido de la arteria más emblemática de la ciudad. Según explicó, la norma aprobada contempla de manera exclusiva la cesión del mantenimiento, la gestión operativa y la administración vial desde la órbita provincial hacia la órbita municipal, desmintiendo categóricamente cualquier transferencia del dominio patrimonial o titularidad del suelo a favor del Ejecutivo local.
La controversia pública emergió tras la difusión de piezas audiovisuales oficiales promovidas por la Gobernación rionegrina, donde se expresaba que la arteria pasaría a ser propiedad de la comunidad barilochense. Sobre este aspecto, la parlamentaria remarcó la imposibilidad técnica de concretar dicho traspaso dominial, argumentando que el Estado nacional jamás formalizó la cesión previa de titularidad hacia la provincia. La legisladora recordó además que el propio legislador Carlos Valeri reconoció durante la sesión la inexistencia de un traspaso dominial previo.
«En el proyecto que aprobamos el jueves en la legislatura, lo que estamos transfiriendo es la administración y la gestión y el mantenimiento de la provincia al municipio», dijo Martina Lacour.
Análisis sobre la transferencia de la avenida Bustillo
La revisión institucional dejó al descubierto la persistente falta de inversiones estructurales sobre la traza vial. Según detalló la legisladora, la avenida viene acumulando décadas de desatención por parte de las sucesivas administraciones provinciales, descargando sobre el erario comunal una pesada responsabilidad operativa sin haber realizado previamente los trabajos integrales de pavimentación. La falta de mantenimiento es evidente en el deterioro del borde de la cinta asfáltica y en la preocupante ausencia de señalización horizontal en tramos altamente peligrosos para la circulación vecinal.
«La última vez que se asfaltó por completo fue antes de la cumbre Iberoamericana de jefes de Estado en 1995. Estamos hablando de 31 años atrás», sostuvo Martina Lacour.
Asimismo, la parlamentaria vinculó estas deficiencias viales con un patrón recurrente de postergación hacia la ciudad lacustre en materia de obra pública provincial, citando la paralización del proyecto de los primeros cuatro kilómetros de la calzada y las reiteradas demoras en la edificación de la nueva terminal de ómnibus de Bariloche. Respecto a esta última infraestructura, la representante parlamentaria recordó que las autoridades debieron solicitar a último momento la inclusión de las partidas correspondientes en el Presupuesto provincial, tras advertir una omisión presupuestaria inicial, a pesar de que los compromisos financieros de la empresa concesionaria del casino ya debían cubrir dicha obra.
En materia de control presupuestario y transparencia institucional, el análisis legislativo abarcó también la reciente controversia desatada por la sanción del pase a planta permanente de 4.160 trabajadores estatales en la administración pública de Río Negro. La integrante del cuerpo deliberativo argumentó las razones técnicas que fundamentaron su voto negativo frente a la iniciativa impulsada por el oficialismo, señalando la ausencia de documentación básica indispensable y cuestionando el escenario de tirantez vivido en el recinto con el gremio ATE.
«Para presentar de manera seria este proyecto, habría que haber acompañado un informe de costo fiscal y un desglose con la nómina de aspirantes», remarcó Martina Lacour.
La legisladora advirtió con profunda preocupación sobre la fragilidad de las finanzas públicas provinciales, citando que en apenas seis meses de ejercicio presupuestario ya se consumió el 60 por ciento de la partida anual destinada al gasto de personal estatal. En ese sentido, cuestionó la narrativa oficial de que la regularización no implica un impacto económico, explicando que una porción de los beneficiarios se desempeña bajo la modalidad de prestación de medios, especialmente en el área de salud pública, cuya efectivización demandará aportes patronales inmediatos y futuras obligaciones indemnizatorias. La dirigente, que confirmó su integración política dentro del espacio de La Libertad Avanza junto a los legisladores César Domínguez y Marcela Abdala, enfatizó que la función primordial de la representación parlamentaria consiste en fiscalizar rigurosamente los recursos aportados por los contribuyentes para garantizar una administración estatal sustentable y transparente.
«Nosotros tenemos que ser responsables con la administración de los fondos públicos», sintetizó Martina Lacour.
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