La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó una serie de pedidos de informes ante el Poder Ejecutivo de Río Negro, alertando sobre los desalojos en Área Natural Protejida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE). La iniciativa, que cuenta con el respaldo de integrantes del bloque Vamos con Todos y del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, busca esclarecer las acciones judiciales iniciadas por el Estado provincial contra familias que habitan históricamente el territorio cordillerano.
Solicitud de informes por desalojos en Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido
La parlamentaria cuestionó el uso de la acción de lesividad, una herramienta que, según sostuvo, debería proteger el patrimonio público pero que actualmente se emplea contra familias rurales. Al respecto, Odarda señaló:
«Es muy grave que una herramienta que debería servir para defender el patrimonio público termine utilizándose contra familias rurales que llevan generaciones viviendo y trabajando la tierra.»
Los requerimientos legislativos exigen determinar la cantidad de expedientes judiciales iniciados y la fundamentación legal utilizada. Asimismo, se solicita información sobre la posible existencia de emprendimientos inmobiliarios, turísticos o productivos que hayan solicitado lotes de origen fiscal dentro de la reserva. La bancada opositora también requirió que el Gobierno aclare si se realizaron las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias y las instancias de participación ciudadana antes de avanzar con modificaciones en el uso del suelo.
Frente a la presión sobre los recursos naturales, la legisladora enfatizó la necesidad de preservar el patrimonio ecológico y respetar los mandatos constitucionales. Sobre este punto, declaró:
«Estamos hablando de un área natural protegida, con bosques, cursos de agua y ecosistemas de enorme valor. No vamos a permitir que se avance sobre antiguos pobladores para después poner esas tierras al servicio de negocios privados.»
El segundo eje del reclamo se centra en el balance de las regularizaciones dominiales tras la reforma de la Ley de Tierras. La modificación de la Ley 279 se impulsó con el objetivo de agilizar la entrega de títulos de propiedad a familias rurales, y la presentación parlamentaria busca verificar si estos cambios cumplieron su meta o si, por el contrario, facilitaron el despojo en zonas de frontera.
Finalmente, la bancada instó a responder por las denuncias sobre el cierre de sectores estratégicos de la Huella Andina y el bloqueo al acceso público de fuentes de agua. Odarda advirtió que el área protegida carece de un Plan de Manejo aprobado y concluyó: «No podemos naturalizar que las familias rurales sean empujadas fuera de la tierra mientras avanzan intereses económicos sobre territorios de enorme valor ambiental». La presentación formal busca frenar los desalojos de pobladores mientras se exige transparencia en la administración de los bienes estatales.
¿Qué te parece lo que dice la nota?
COMENTÁ acá mismo