El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, presentó un proyecto para restituir el subsidio al gas patagónico mediante la formalización del Expediente 5521-D-2026 ante la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa propone reestablecer íntegramente la tarifa diferencial del 50% en los consumos residenciales de gas para la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, buscando derogar los aspectos centrales de la Ley N° 27.828, publicada en el Boletín Oficial el pasado 13 de octubre. El objetivo central es recuperar una protección histórica de carácter territorial y climático frente al esquema tarifario vigente.
Propuesta para restituir el subsidio al gas patagónico
La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de los diputados patagónicos del bloque Unión por la Patria Pablo Todero, Ana María Ianni, Jorge Araujo, Adriana Serquis, Juan Pablo Luque y Abelardo Ferrán. El proyecto limita su alcance a los territorios comprendidos en el régimen histórico del artículo 75 de la Ley N° 25.565, sin reincorporar las ampliaciones geográficas dispuestas en 2021. No obstante, garantiza por ley una reducción fija del cincuenta por ciento sobre los cargos fijos y variables del servicio de gas por redes, incluyendo el precio del fluido en punto de ingreso, el transporte y la distribución durante todo el año.
«No es cierto que conservar la inclusión territorial equivalga a conservar el mismo subsidio», sostuvo Marcelo Mango.
La reforma sancionada en septiembre restringió el alcance de las compensaciones únicamente al valor del fluido, excluyendo los tramos de transporte y distribución. Según estimaciones técnicas que acompañan la presentación, este recorte normativo provoca un encarecimiento directo de las boletas residenciales de entre un 20% y un 30% en la región. El nuevo texto prohíbe expresamente acotar la compensación al precio en boca de pozo o reemplazar la garantía por bonificaciones administrativas de menor cuantía.
El legislador rionegrino enfatizó las diferencias conceptuales entre el esquema modificado y la restitución tarifaria pretendida, señalando que un descuento sobre el precio del gas no equivale a un descuento sobre el cuadro tarifario que comprende también el transporte y la distribución. Para asegurar la sustentabilidad económica, la iniciativa restituye la denominación original del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, evitando que los recursos se deriven hacia sectores comerciales e industriales sin adicionar partidas presupuestarias.
El proyecto fija una alícuota del 7,5% sobre el precio de inyección por cada metro cúbico comercializado en el país, administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y elimina las exenciones tributarias que beneficiaban a las exportaciones y a la importación de gas natural licuado regasificado. En caso de que la recaudación resulte insuficiente, la norma establece la obligación del Tesoro Nacional de cubrir el diferencial mediante rentas generales, facultando a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias.
«No aceptamos que la calefacción de los hogares patagónicos sea una variable de ajuste ni que se presente como continuidad de un beneficio lo que, en realidad, elimina sus garantías legales», afirmó el diputado.
El texto contempla de forma integral las modalidades no conectadas a la red, reestableciendo los subsidios a la venta de garrafas, cilindros de gas licuado de petróleo y propano a granel en las condiciones vigentes previas a la reforma. Para evitar burocracias, las distribuidoras deberán aplicar las bonificaciones de oficio sin exigir un nuevo reempadronamiento. Ante cobros indebidos, los montos deberán ser devueltos mediante crédito en las dos facturas subsiguientes, prohibiéndose el cobro de intereses o la suspensión del suministro. La iniciativa consagra el principio de reserva de ley, revocando cualquier delegación de facultades al Poder Ejecutivo que permita modificar metodologías de cálculo de manera discrecional. Finalmente, la Secretaría de Energía deberá enviar semestralmente al Congreso un informe detallado sobre la recaudación y los beneficiarios, manteniendo la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de 2031.
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