Una amplia convocatoria de organizaciones sindicales, comunitarias, políticas y universitarias se preparan para realizar una marcha en Bariloche este jueves 15 de octubre a las 17:30. La movilización, que comenzará en la intersección de las calles Onelli y Moreno para dirigirse hacia el Centro Cívico, busca visibilizar un pliego de reclamos que las entidades consideran indivisibles: la defensa del financiamiento de la educación superior pública y la exigencia de derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, junto con la restitución de la Ley de Tierras. La convocatoria fue formalizada mediante la difusión del documento presentado en la conferencia de prensa en la sede universitaria local de la Universidad del Comahue..
Motivos de la marcha en Bariloche
El espacio articulador fundamentó la necesidad de ganar las calles a partir de los recientes acontecimientos judiciales e institucionales que afectan la propiedad de la tierra y la soberanía territorial en la región patagónica. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó una medida cautelar presentada por el Centro de Veteranos de Guerra, se reabrió la incertidumbre sobre la venta de inmuebles en zonas estratégicas y de frontera a capitales extranjeros. Si bien se dictó una resolución provisoria de carácter interino para reponer temporalmente los límites a la extranjerización, las organizaciones advirtieron sobre la vulnerabilidad jurídica que persiste mientras no se defina de manera concluyente el marco normativo nacional en el juzgado federal de la ciudad.
«Estamos convocando a una movilización para el día de mañana, jueves 15 de octubre a las 17:30 desde Onelli y Moreno hacia el centro cívico de nuestra ciudad», dijo Marcelo Rojas, uno de los voceros de la iniciativa.
El rechazo expresado hacia el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 abarca asimismo la desregulación de mercados clave que inciden de manera directa en el costo de vida de la población local. Entre las modificaciones cuestionadas por las agrupaciones convocantes se destacan la derogación de las leyes de abastecimiento y de góndolas, la liberación de tarifas en los servicios de medicina prepaga, la desregulación del régimen de alquileres y los cambios introducidos en la legislación laboral, dinámicas que han derivado en un significativo endeudamiento de las familias en la Norpatagonia Andina.
Defensa de la educación pública
A esta agenda socioambiental y de soberanía territorial se acopla el reclamo por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación que cuenta además con un reciente fallo judicial de fondo que ordena la ejecución integral de todos sus artículos. Las autoridades académicas de la región denunciaron que los recortes presupuestarios impuestos desde diciembre de 2023 comprometen no solo el pago de salarios a personal docente y no docente, sino también el pago de alquileres, servicios básicos, insumos de laboratorio, equipamiento e infraestructura básica, además de las becas estudiantiles.
«Desde que entró este gobierno nacional en diciembre del 23 hemos sufrido un ahogo, un ajuste financiero muy importante en las universidades que atenta contra las becas de los estudiantes, contra los salarios de los trabajadores docentes, no docentes», señaló Diego Aguiar, vicerrector de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
La problemática del financiamiento universitario no se agota en la enseñanza en las aulas, sino que abarca la totalidad de las actividades de extensión, investigación científica, transferencia tecnológica y consultorías prestadas a organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en la región. Aguiar remarcó el valor estratégico de la educación superior al fundamentar la importancia trascendente de sostener el sistema universitario en todo el país, destacando que lo que está en juego es el derecho de la población a acceder a la educación superior, que es uno de los principales instrumentos de movilidad social ascendente que tiene la población argentina.
Desde el ámbito gremial, la UnTER sumó su adhesión y vinculó los reclamos educativos con las disputas por el acceso y la conservación del territorio frente a las presiones del mercado inmobiliario y las causas por desalojos interpuestas en la justicia provincial. La representación gremial sostuvo que la articulación social iniciada en las movilizaciones previas de agosto constituye una herramienta fundamental para la defensa de la educación en todos los niveles del sistema. En este sentido, la organización enfatizó que venían planteando la defensa de sus territorios y la defensa de la educación pública como una cuestión de soberanía. Por su parte, el Frente Universitario Bariloche reivindicó la posibilidad de seguir siendo comunidad, sosteniendo que el reclamo es de soberanía y de mantener ese espacio de encuentro. La jornada de protesta busca consolidar estos ejes de lucha en una nueva marcha en Bariloche que espera una masiva participación ciudadana.
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