La abogada Josefina González Elizondo impulsa un mecanismo de control ciudadano a los funcionarios para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal, una propuesta que busca transformar la pasividad social frente a las irregularidades institucionales. La candidata a convencional constituyente por la lista Fuerza Bariloche presentó esta iniciativa durante su participación en el programa Comenzando La Mañana de Bariloche En Redes, donde analizó la necesidad de instaurar herramientas de supervisión comunitaria y penalidades severas para los integrantes del Ejecutivo y el Deliberante que infrinjan la Carta Orgánica.
Hacia un control ciudadano a los funcionarios
González Elizondo, quien cuenta con dos décadas de trayectoria como asesora letrada en el Concejo Deliberante, advirtió que la sociedad local ha atravesado un proceso sistemático de habituación ante la transgresión de las normas fundamentales. Durante la entrevista la profesional sostuvo que la convalidación tácita de actos administrativos irregulares erosiona el tejido institucional de la ciudad. Ante este escenario, la postulante enfatizó la importancia de la responsabilidad colectiva:
«Nosotros como comunidad también tenemos una responsabilidad de no sobreadaptarnos a situaciones de ilegalidad.», dijo Josefina González Elizondo.
La propuesta programática del espacio que encabeza Andrea Galaverna busca habilitar canales directos para que los vecinos asuman la auditoría de los actos de gobierno. Esta estructura de vigilancia vecinal se complementaría con un esquema punitivo agravado para aquellos administradores públicos que omitan o distorsionen la aplicación de las disposiciones vigentes, con el objetivo de restituir la intangibilidad de la Carta Orgánica adoptada en 2006. La candidata subrayó que el control ciudadano a los funcionarios es una herramienta esencial para asegurar la transparencia y la idoneidad en la gestión pública.
Dentro del plexo doctrinal que defiende la lista integrada por referentes como Javier Inalef, Tomás Guevara, Verónica Sierpe y Nano Geliperti, se reivindica una reforma integral en la distribución de la coparticipación tributaria provincial. La jurista sostuvo que la histórica postergación en la infraestructura de la ciudad, evidenciada en la ausencia de redes de saneamiento, asfaltado y la falta de remediación del vertedero a cielo abierto, exige un replanteo firme ante el gobierno de Río Negro. Según su perspectiva, la actualización normativa debe redefinir la equidad fiscal mediante cláusulas permanentes que garanticen el retorno proporcional de los tributos de patentes, inmobiliario e ingresos brutos generados en la comuna.
Protección del patrimonio y derechos sociales
Asimismo, la plataforma electoral postula blindar normativamente el estatus del Cerro Catedral como un patrimonio inalienable de dominio público municipal. Con el propósito de resguardar dicho recurso estratégico frente a especulaciones inmobiliarias privadas y asegurar que su explotación redunde en el desarrollo deportivo, turístico e integrador de la población local, el espacio político pretende plasmar esta salvaguarda de forma explícita en el texto fundacional de la ciudad. Sobre este punto, la letrada afirmó:
«Queremos que el Cerro Catedral quede definitivamente dispuesto en la Carta Orgánica como de dominio público.», señaló Josefina González Elizondo.
Por otra parte, el proyecto contempla la jerarquización del boleto estudiantil gratuito a rango constitucional, impidiendo que futuras administraciones municipales dispongan la caducidad o restricción de esta conquista social sostenida por el movimiento estudiantil. Paralelamente, la lista respaldada por el Partido Justicialista y la agrupación Tres Banderas promueve la modernización de los instrumentos institucionales de las juntas vecinales y la incorporación de tecnologías digitales para facilitar la deliberación comunitaria. La candidata destacó que el control ciudadano a los funcionarios debe ir acompañado de una actualización de toda la normativa vigente para garantizar una participación efectiva en la toma de decisiones, buscando así saldar una deuda histórica de la democracia local y transformar la Carta Orgánica en un escudo de soberanía comunitaria.
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