El diputado nacional Marcelo Mango presentó un pedido formal ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, para debatir el presupuesto educativo en el marco del proyecto de ley para el ejercicio fiscal 2027. La solicitud busca integrar a la discusión legislativa a los ministros de Educación provinciales y a los representantes sindicales, ante la preocupación por el impacto de las partidas proyectadas en el área de enseñanza.
El impacto en el presupuesto educativo
El legislador advirtió sobre las posibles repercusiones que la pauta financiera nacional podría generar en los recursos de las provincias. El requerimiento subraya la necesidad de analizar puntos críticos como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la situación del Fondo Compensador Salarial, la paritaria nacional y la derogación del piso de inversión educativa.
«Motiva esta solicitud la fuerte reducción del financiamiento educativo nacional prevista en el proyecto analizado y su impacto sobre el salario docente y sobre las condiciones de enseñanza y de aprendizaje en todo el país.», señaló Marcelo Mango.
La propuesta también contempla la revisión del financiamiento para la Educación Técnico Profesional, infraestructura, equipamiento escolar, becas y programas de fortalecimiento del sistema. Mango enfatizó que la convocatoria debe incluir a las organizaciones sindicales que integran la Paritaria Nacional Docente: CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET. Tras la participación en la comisión del secretario de Educación, Carlos H. Torrendell, y autoridades del Ministerio de Capital Humano, el diputado insistió en la importancia de sumar a los actores federales.
«Resulta fundamental para el debate parlamentario que concurran a esta Comisión los Ministros de Educación de las provincias y representantes de las organizaciones gremiales docentes con representación nacional.», afirmó el parlamentario.
La iniciativa busca garantizar la transparencia pública en la asignación de recursos para un sector clave del desarrollo social. En este sentido, el legislador recordó la obligación que recae sobre la administración central respecto a la gestión del presupuesto educativo y el sostenimiento del sistema en todo el país. Al respecto, Mango concluyó que el Estado nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar el derecho a la educación en todo el territorio.
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