La Cámara de Diputados de la Nación comenzará este miércoles 28 de octubre, a las 10.30, el tratamiento formal de proyectos de ley para que el abuso sexual infantil contra niños, niñas y adolescentes no prescriba. La discusión se dará en la Comisión de Legislación Penal, a partir de una convocatoria impulsada por el bloque de Unión por la Patria.
Las iniciativas buscan modificar el régimen de prescripción de la acción penal en delitos contra la integridad sexual cometidos cuando la víctima era menor de edad. El objetivo es que el paso del tiempo no impida el juzgamiento de estos hechos.
La reforma al Código Penal propuesta por Mango
Entre los proyectos que serán analizados se encuentra el presentado por el diputado nacional rionegrino Marcelo Mango. La iniciativa propone incorporar el artículo 67 bis a la Ley 11.179, correspondiente al Código Penal de la Nación.
El artículo establece que la acción penal será imprescriptible cuando la víctima fuera menor de edad al momento de la comisión de los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine— y 130 —párrafos segundo y tercero— del Código Penal.
La propuesta también plantea actualizar la redacción del artículo 67 del mismo código para reordenar las causales de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal dentro de los procesos judiciales.
Al fundamentar el proyecto, Mango se refirió al daño causado a las víctimas y a la responsabilidad estatal de dar una respuesta penal.
«El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las formas más graves de violencia contra las infancias y una profunda vulneración de los derechos humanos.». sostuvo Marcelo Mango.
Los obstáculos para denunciar abuso sexual infantil
Los fundamentos del expediente señalan que estos delitos presentan particularidades psíquicas y sociales que diferencian la situación de las víctimas de otros hechos delictivos. Las relaciones de dependencia, poder, autoridad o confianza entre el agresor y la víctima pueden dificultar la denuncia en el momento en que ocurrieron los hechos.
El texto también menciona el trauma psicológico, el miedo, la culpa y el silenciamiento en ámbitos familiares o sociales como factores que pueden demorar la posibilidad de denunciar. Según los fundamentos, muchas personas logran procesar y verbalizar lo sucedido recién en la adultez, cuando los plazos legales pueden impedir la persecución penal.
Mango sostuvo que la reforma busca eliminar los impedimentos procedimentales que, según el proyecto, favorecen la impunidad de los responsables.
«La imprescriptibilidad implica reconocer la excepcionalidad de estos delitos y remover los obstáculos que perpetúan la impunidad.». afirmó el diputado nacional rionegrino.
La elaboración de la iniciativa incluyó encuentros con familiares de víctimas, trabajadores de la salud, profesionales del ámbito social, especialistas en desarrollo infantil y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las infancias. De acuerdo con el texto, esas instancias permitieron incorporar experiencias de abordajes comunitarios vinculados a quienes atravesaron estas situaciones durante la niñez.
Antecedentes legislativos y normas vigentes
El proyecto reconoce antecedentes de otras legisladoras, entre ellos iniciativas de la diputada nacional Mónica Macha, la senadora nacional Alejandra Vigo y la diputada nacional Roxana Reyes. Estas presentaciones reflejan acuerdos entre distintos sectores políticos sobre la necesidad de revisar el régimen vigente.
En 2011, la Ley 26.705 dispuso que el cómputo de la prescripción comenzara con la mayoría de edad de la víctima. Luego, la Ley 27.206 estableció la suspensión de la prescripción hasta la formulación de la denuncia.
La propuesta que debatirá la comisión considera insuficiente ese marco para los casos en los que la posibilidad de denunciar abuso sexual infantil aparece décadas después de los hechos. También invoca la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22, junto con los principios del interés superior del niño y la tutela judicial efectiva.
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