El concejal Leandro Costa Brutten, representante del bloque Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto que busca eliminar las multas municipales por RTO para vehículos particulares de uso privado en la ciudad. La iniciativa legislativa, identificada bajo el número de expediente 757/26, propone transformar el paradigma de la fiscalización de tránsito dentro del ejido urbano, subordinando las sanciones pecuniarias documentales al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de infraestructura vial. El texto requiere, además, transparencia sobre el destino final de los fondos presupuestarios aplicados al mantenimiento de calles y rutas locales.
El proyecto sostiene que la Comuna no debe enfocar su labor de control en la mera constatación administrativa de un certificado mientras las calles presentan baches profundos, falta de señalización e iluminación deficiente. Bajo este principio, la sola ausencia de la Revisión Técnica Obligatoria no constituirá una infracción sancionable económicamente por el Municipio para particulares, aunque se mantendrán vigentes los controles físicos directos sobre el estado de los rodados. Costa Brutten fundamenta esta premisa en la responsabilidad estatal sobre la seguridad vial:
«La seguridad vial constituye una responsabilidad pública que no puede ser reducida exclusivamente al comportamiento de los conductores o al estado mecánico de los vehículos.», señaló el concejal.
Propuesta para eliminar las multas municipales por RTO
De aprobarse la propuesta, la eximición de sanciones abarcará exclusivamente a los automóviles de uso particular y privado. Por el contrario, la obligatoriedad y el régimen de penalidades seguirán vigentes para el transporte público de pasajeros, vehículos de carga, transporte escolar, transporte de sustancias peligrosas y servicios de emergencia. Asimismo, la autoridad municipal conservará las facultades de inspección sobre el estado efectivo de los coches particulares, pudiendo labrar actas cuando detecte fallas mecánicas ostensibles en frenos, neumáticos o luces que pongan en peligro a terceros.
Junto a las modificaciones en la faz sancionatoria, la iniciativa establece un régimen municipal permanente de relevamiento, documentación y reclamo institucional de la infraestructura vial dentro de San Carlos de Bariloche. El proyecto instruye al Departamento Ejecutivo a realizar, en lapsos no mayores a ciento ochenta días, relevamientos integrales sobre las condiciones de las vías locales, provinciales y nacionales, abarcando calzadas, accesos, colectoras, semáforos y puentes. Con dicha información se conformará el Mapa Municipal de Puntos Críticos de Infraestructura y Seguridad Vial, sistematizando fotos, estadísticas de siniestralidad, reclamos vecinales y respuestas de los organismos estatales responsables.
En materia tributaria y presupuestaria, el proyecto encomienda solicitar información oficial, verificable y desagregada sobre los montos recaudados, asignados y ejecutados a través del impuesto a los combustibles y del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La iniciativa retoma declaraciones públicas vertidas por la administración central en agosto de 2026 sobre la asignación fiscal de dichos recursos, buscando determinar qué volumen ingresa a Vialidad Nacional y qué proporción se destina de manera efectiva a obras de repavimentación, iluminación y conservación en las rutas nacionales que conectan con la ciudad.
Respecto a los talleres privados de revisión técnica vehicular, las empresas que soliciten habilitación o renovación comercial deberán cumplir estrictamente la normativa técnica, ambiental y de seguridad aplicable. No obstante, el texto legal remarca que las deficiencias presupuestarias del Estado Nacional no podrán ser transferidas a dichos establecimientos ni a los usuarios. En los fundamentos del proyecto, el legislador subraya el argumento central del régimen propuesto:
«No se imponen multas ni sanciones pecuniarias municipales por la sola falta de la Revisión Técnica Obligatoria a los vehículos particulares de uso privado.», sostiene el documento.
El articulado habilita al Ejecutivo Municipal a priorizar las intervenciones y mejoras viales en sectores próximos a escuelas, centros de salud, barrios residenciales, paradas de colectivo y cruces peatonales de elevada circulación, además de facultar a la Asesoría Letrada a entablar acciones administrativas o judiciales para exigir el mantenimiento de las arterias a las jurisdicciones correspondientes e incluso reclamar resarcimientos por daños. A su vez, la norma invita a la Federación Argentina de Municipios y a otros Concejos Deliberantes del país a adherir a estos reclamos viales. Respecto al sentido integral de la propuesta, el legislador concluyó que la seguridad vial requiere una política integral que combine controles con infraestructura adecuada.
El Proyecto de Ordenanza N° 757/26 iniciará ahora su camino de debate en las comisiones internas del Concejo Municipal. En caso de ser aprobado y promulgado por el Ejecutivo local, la reglamentación deberá dictarse en un plazo de sesenta días corridos, estableciendo los mecanismos de actualización del mapa de puntos críticos y el protocolo formal de reclamos ante los organismos provinciales y nacionales correspondientes.
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