Un conjunto multipartidario de concejales de Bariloche formalizó la presentación del Proyecto de Ordenanza 759-26, mediante el cual solicitan una auditoría externa en el Municipio para evaluar la gestión pública local. La iniciativa, ingresada el 28 de septiembre de 2026, fue promovida por el edil Leandro Costa Brutten junto a sus pares Julieta Wallace, Roxana Ferreyra, Laura Totonelli y Facundo Villalba. El pedido, dirigido al presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, busca la convocatoria a una sesión extraordinaria para debatir controles exhaustivos sobre la situación económica, financiera, patrimonial y contractual del Estado municipal, amparándose en las atribuciones del artículo 38 de la Carta Orgánica y el Reglamento Interno.
Detalles de la auditoría externa en el Municipio
El marco normativo propuesto responde a la necesidad institucional de ejercer un control riguroso frente al estado de emergencia económica, financiera, fiscal y de servicios públicos declarado mediante la Ordenanza 3443-CM-24. La propuesta encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal convocar a una licitación pública dentro de los 30 días corridos posteriores a su promulgación para contratar una entidad técnica independiente. Dicha consultora deberá emitir un dictamen final en un plazo máximo de 90 días corridos, el cual será remitido simultáneamente al Concejo Municipal y al Tribunal de Contralor para su evaluación y difusión.
«El objetivo central es transparentar las cuentas públicas, conocer con precisión la situación financiera municipal y fortalecer el recupero de recursos antes de avanzar en aumentos de la presión fiscal», señaló Leandro Costa Brutten.
El articulado dispone que el Ejecutivo envíe un informe económico financiero integral dentro de los 15 días corridos tras la promulgación de la norma. Dicho reporte debe incluir disponibilidades de caja, saldos bancarios, proyección de ingresos, deudas con proveedores y contratistas, así como las necesidades financieras proyectadas para cumplir con el pago de salarios. Asimismo, la auditoría externa en el Municipio revisará la contratación de personal político, asesores y consultores de confianza, precisando remuneraciones, modalidades contractuales y costos presupuestarios anuales, con el propósito de evaluar la composición real del gasto sin prejuzgar la legalidad de las designaciones.
En lo relativo a la obra pública, el proyecto exige un análisis exhaustivo de los emprendimientos ejecutados, contratados o adjudicados. El estudio determinará montos contractuales, anticipos, certificados liquidados, redeterminaciones de precios, variaciones entre el avance físico y el financiero, así como multas y garantías vigentes. En caso de detectarse perjuicios patrimoniales, la Asesoría Letrada promoverá acciones de recupero. Adicionalmente, el relevamiento de faltas contemplará multas reducidas, prescriptas o condonadas, consignando la autoridad interviniente y el impacto económico generado.
«La recuperación de créditos vencidos, la disminución de la morosidad y la mejora de la eficiencia recaudatoria deben constituir prioridades antes de promover incrementos de la presión fiscal», afirmó Leandro Costa Brutten.
La norma encomienda la elaboración de un Plan Integral de Recupero de Recursos Municipales orientado al cobro efectivo de tasas, contribuciones y servicios, con metas periódicas e informes mensuales de avance. A su vez, se dispone la conformación de la Mesa Institucional de Concertación Financiera y Salarial, integrada por representantes del Ejecutivo, la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), concejales veedores y el Tribunal de Contralor. Este espacio técnico-político analizará la evolución financiera y formulará recomendaciones para garantizar las obligaciones salariales y la continuidad de los servicios públicos.
El esquema de seguimiento exige además al Ejecutivo la remisión de reportes mensuales obligatorios ante el Concejo y el Tribunal de Contralor. Dichos documentos detallarán el flujo de ingresos y gastos, el endeudamiento flotante, el recupero de acreencias y los avances físicos y financieros de las obras públicas. Asimismo, se informará sobre la masa salarial, las condonaciones de sanciones y la licitación de la auditoría. Toda la información resultante deberá ser publicada en las plataformas oficiales del Municipio para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Sobre la importancia de estas medidas, Costa Brutten concluyó: «Para cumplir con estas funciones se necesita información cierta, actualizada, verificable y accesible sobre la situación económica y financiera de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche».
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