La iniciativa parlamentaria ingresada en el Concejo Municipal por el bloque Incluyendo Bariloche busca el encuadre institucional definitivo para la junta vecinal Alun Ruca, ubicada en el Este de San Carlos de Bariloche. El Proyecto de Ordenanza N.° 758/26 plantea la modificación de la Ordenanza 2546-CM-14 para incorporar formalmente a la comunidad dentro del esquema normativo de las organizaciones comunitarias locales, fijando su jurisdicción territorial bajo la órbita de la Delegación El Cóndor.
El proceso de formalización de la junta vecinal Alun Ruca
El autor del proyecto, el concejal Leandro Costa Brutten, fundamentó la presentación señalando la necesidad de otorgar un instrumento legal a un proceso comunitario autogestivo que cuenta con más de una década de desarrollo ininterrumpido.
«Presentamos el Proyecto de Ordenanza N.º 758/26, que reconoce formalmente a la Junta Vecinal del barrio Alun Ruca y le otorga personería jurídica municipal.»
La historia del asentamiento se remonta al 30 de octubre de 2011, fecha en la que las primeras familias arribaron al predio delimitado por la calle Padre Monteverde. Aquel terreno, caracterizado originariamente por el abandono, la acumulación de escombros y la profusión de malezas, fue transformado progresivamente a través del esfuerzo directo de sus habitantes. Mediante labores colectivas de limpieza, apertura de arterias viales y delimitación de parcelas con la asistencia técnica de profesionales de la agrimensura, la comunidad trazó el mapa urbano actual del sector. En la actualidad, el agrupamiento comprende a unas 600 familias —lo que representa una población estimada de 2.100 vecinos— distribuidas en aproximadamente 490 lotes.
La evolución territorial estuvo acompañada por gestiones administrativas orientadas al ordenamiento dominial e infraestructura básica. En ese marco, la sanción de la Ordenanza 3356-CM-22 marcó un precedente clave al declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la parcela identificada catastralmente como NC 19-2-F-025-04, propiedad de la Empresa Constructora Roque Mocciola S.A., reservando su destino exclusivo a la integración sociourbana y la adjudicación de lotes a las familias ocupantes. Asimismo, el espacio fue incorporado formalmente al Registro Nacional de Barrios Populares bajo el ID 2648, amparado por la Ley Nacional 27453 de Integración Sociourbana.
En materia de servicios públicos, las intervenciones reflejan el recorrido de la organización barrial. Durante el año 2015, mediante un convenio tripartito entre la Cooperativa de Electricidad Bariloche, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social y la comisión promotora elegida en asamblea, se logró la instalación de tableros comunitarios de electricidad. Posteriormente, en el año 2022, se suscribió un acuerdo financiado por la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación y ejecutado por la Secretaría de Energía de la Provincia de Río Negro, encarando la etapa final de la obra de electrificación con acometidas domiciliarias, tendido de alumbrado LED y obras de alcantarillado.
Desafíos institucionales y participación vecinal
A pesar de contar con un esquema de gobierno interno constituido mediante comisiones electas democráticamente por voto directo desde noviembre de 2021, la carencia de personería jurídica municipal impone trabas burocráticas a la hora de gestionar obras, acceder a información pública y participar de discusiones presupuestarias. Respecto de la urgencia por subsanar este déficit institucional, Costa Brutten detalló:
«Hoy ya existe una organización elegida democráticamente por asamblea de vecinos que funciona desde 2021, pero que necesita el reconocimiento formal del Municipio para poder intervenir institucionalmente.»
El texto normativo contempla en su articulado un procedimiento de excepción. De ser sancionada la ordenanza, se otorgará un plazo perentorio de treinta días corridos a la Dirección de Juntas Vecinales para que, en forma articulada con la comisión promotora, convoque a la asamblea constitutiva destinada a elegir autoridades formales y ratificar el estatuto del barrio. Delimitado por las calles La Habana, San Pablo, Padre Monteverde y Calle 8, el sector busca garantizar canales directos de interlocución con las distintas esferas estatales. Finalmente, el expediente legislativo continúa su tramitación en el órgano deliberativo municipal a la espera de su tratamiento definitivo, un paso fundamental para consolidar la junta vecinal Alun Ruca como entidad reconocida.
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