Una tensa y anómala transición de poder sacude la Junta Vecinal del Barrio Arrayanes, donde la reciente asunción de nuevas autoridades ha desnudado graves irregularidades y un preocupante patrón de conducta por parte del Director de Juntas Vecinales de Bariloche, Máximo Calfuquir, quien retiene la sede vecinal y documentación clave.
El funcionario, quien hasta hace dos años presidía la misma junta, es señalado por retener indebidamente las llaves de la sede comunitaria, así como los libros contables, actas, balances y la información financiera vital de la institución.
Esta acción no solo ha dificultado el funcionamiento democrático de la junta, sino que ha forzado a los vecinos a recurrir a instancias legales, incluyendo el envío de una carta documento y la amenaza de una denuncia penal por retención indebida, para recuperar lo que legítimamente les pertenece y garantizar la transparencia en la gestión de fondos públicos.
La polémica: Funcionario retiene sede vecinal y documentación clave
El Concejal Leandro Costa Brutten, presente durante el controvertido traspaso, relató a ‘La Segunda Mañana de Bariloche En Redes’ las ‘situaciones no muy agradables’ y el ‘destrato’ vivenciado por los vecinos y las nuevas autoridades.
El Concejal Leandro Costa Brutten relató a ‘La Segunda Mañana de Bariloche En Redes’ las «situaciones no muy agradables» y el «destrato» vivenciado por los vecinos y las nuevas autoridades.
La comisión directiva entrante, que cumplió rigurosamente con todos los requisitos estatutarios para asumir sus funciones, se encontró con una sede en un estado de abandono y suciedad extrema, lo que impidió incluso que la ceremonia de asunción se realizara en su lugar natural, debiendo efectuarse en un templo cedido por un pastor.
Esta situación subraya la falta de compromiso con el espacio comunitario y la necesidad imperante de una profunda limpieza y acondicionamiento antes de que el lugar pueda ser plenamente utilizado por la comunidad.
Agresiones misóginas y un patrón de intolerancia
Más allá de la retención de bienes y el abandono de la sede, la situación escaló a un nivel de grave preocupación por los comentarios misóginos proferidos por el Director Calfuquir hacia las mujeres presentes durante el acto de entrega.
A pesar de la solicitud directa del Concejal Costa Brutten para que se retractara y pidiera disculpas, el funcionario ratificó sus dichos, una actitud que el edil vinculó directamente con el antecedente del Intendente Walter Cortés, condenado judicialmente por violencia de género.
Según el Concejal Costa Brutten, este incidente «se inscribe en un patrón de ‘intolerancia’ y ‘agresión’ que parece permear la actual gestión municipal, buscando ‘generar miedo’ y desincentivar la participación ciudadana».
Este incidente, según Costa Brutten, se inscribe en un patrón de ‘intolerancia’ y ‘agresión’ que parece permear la actual gestión municipal, buscando ‘generar miedo’ y desincentivar la participación ciudadana, especialmente de aquellos que disienten o se organizan de manera autónoma.
Intervención política y la resistencia vecinal
Asimismo, se cuestiona la intervención directa de Calfuquir en procesos electorales de otras juntas vecinales, intentando favorecer a la ‘lista naranja’, color institucional de la actual gestión, lo que contraviene sus funciones como garante de la transparencia electoral y la imparcialidad que se espera de un funcionario público.
Esta práctica, sumada a las agresiones reportadas en actos oficiales contra quienes reclaman por problemas como el transporte, el aumento de tasas o el manejo del Cerro Catedral y el basurero, dibuja un panorama donde la confrontación reemplaza al diálogo.
Pese a este escenario adverso, la comunidad de Arrayanes ha demostrado una notable capacidad de organización. Los vecinos, sin amedrentarse, han asumido la tarea de limpiar y reacondicionar la sede, retirando casi cuarenta bolsas de basura, recuperando un espacio vital para el barrio y sentando un precedente de resistencia frente a las prácticas que, según los denunciantes, buscan coartar la participación y el orden institucional.
La comunidad de Arrayanes, sin amedrentarse, asumió la tarea de limpiar y reacondicionar la sede, retirando «casi cuarenta bolsas de basura» y recuperando un espacio vital para el barrio.
Ante la persistencia de estas conductas y la gravedad de las acusaciones, no se descarta la presentación de acciones judiciales, incluyendo la solicitud de una restricción de acercamiento, para garantizar la seguridad y el normal desenvolvimiento de las nuevas autoridades y de los vecinos que participan activamente.
La situación en Arrayanes, lejos de ser un hecho aislado, se presenta como un claro reflejo de la necesidad de una mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto por las instituciones vecinales y sus miembros. La organización ciudadana emerge, una vez más, como el contrapeso fundamental ante los abusos de poder y la falta de compromiso con los principios democráticos que deben regir la administración pública en Bariloche.
