Piden demandar a CAPSA para rescindir la concesión del Cerro Catedral

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal busca obligar al Ejecutivo de San Carlos de Bariloche a accionar judicialmente para rescindir la concesión del Cerro Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA). La propuesta impulsada por el edil Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, fija un plazo de sesenta días corridos para interponer las demandas correspondientes. El objetivo de la presentación es declarar la invalidez de la readecuación contractual de 2018 y lograr la rescisión definitiva del contrato.

El planteo parlamentario argumenta que las actuaciones previas en el fuero contencioso administrativo no resolvieron la validez de fondo del convenio, ya que la Cámara de Apelaciones declaró abstracta la controversia tras el desistimiento de un accionante individual. Según el proyecto, esta resolución deja al Municipio en plena legitimación activa para intervenir, toda vez que ni aquel pronunciamiento ni el posterior fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro invalidaron la potestad estatal para accionar en defensa del patrimonio común.

Al fundamentar las razones de la solicitud al Intendente, el autor del escrito sostiene que la vía de los tribunales constituye el único mecanismo para resguardar los recursos colectivos. En ese sentido, la iniciativa indica que los antecedentes por infracciones ambientales y urbanísticas figuran profusamente documentados en los expedientes del organismo autárquico municipal de fiscalización.

«El transcurso de la concesión ha demostrado un patrón sistemático de incumplimientos y prácticas lesivas al interés público por parte de la empresa concesionaria», remarcó Leandro Costa Brutten.

Sanciones ambientales y cuestionamiento al desarrollo inmobiliario

Entre los elementos que justifican la rescisión contractual, el proyecto detalla faltas graves a las normas locales y provinciales, destacando la sanción pecuniaria cercana a los 36 millones de pesos ratificada por el Intendente debido a obras no autorizadas en la montaña.

Asimismo, el escrito cuestiona la proyectada urbanización de 79 hectáreas destinadas a emprendimientos inmobiliarios. La iniciativa menciona las advertencias formuladas por organizaciones ambientalistas y por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que señalaron el riesgo de intervenir áreas de alta peligrosidad natural contraviniendo la Ley Nacional de Bosques Nativos.

La deficiencia en las inversiones y el mantenimiento de los medios de elevación constituye otro eje central del reclamo. El escrito advierte que la infraestructura con tres décadas de antigüedad compromete la seguridad de los usuarios, remarcando que en la última temporada invernal se cobraron tarifas de $640.000 por pases anuales manteniendo habilitado menos del siete por ciento de las pistas de la concesión del Cerro Catedral.

«La rescisión del contrato es el único camino posible para poner fin a una situación que resulta lesiva para los intereses de la comunidad de San Carlos de Bariloche», argumentó Leandro Costa Brutten.

Control institucional y debate sobre la concesión del Cerro Catedral

La distorsión del esquema comercial representa una ruptura del principio de equidad tarifaria y desarrollo inclusivo. El proyecto denuncia la configuración de una economía de enclave, señalando que los desarrollos exclusivos en la base desplazan el flujo de visitantes y perjudican de forma directa a la red de medianos y pequeños comerciantes del centro urbano.

Como medida cautelar interna durante el proceso judicial, la propuesta prohíbe al Ejecutivo la firma de adendas, prórrogas o permisos vinculados a la Ordenanza 2929-CM-18. A su vez, impone la obligación de remitir informes mensuales al Concejo Deliberante para garantizar el seguimiento del litigio.

De forma complementaria, la norma encomienda al Tribunal de Contralor dictaminar en treinta días hábiles sobre el estado operativo del contrato de la concesión del Cerro Catedral. El pronunciamiento del órgano de control buscará precisar el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes.

«El objetivo central es recuperar para la ciudadanía el dominio, control y gestión del Cerro Catedral», puntualizó Leandro Costa Brutten.

Ante un eventual fallo desfavorable para la concesionaria, la propuesta prevé la apertura de un esquema participativo. El mecanismo establece que, en un término no mayor a ciento ochenta días tras la sentencia firme, se convocará a mesas de diálogo abiertas a la comunidad para definir el marco institucional y la administración futura del complejo de montaña.