La Defensoría exige transparencia en el marco de la reciente Audiencia Pública sobre el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral. La Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Mariana Minuth, cuestionó con firmeza la falta de apertura y la exclusión de voces expertas durante el proceso realizado el pasado 21 de mayo.
Durante su intervención, la funcionaria interpeló a las autoridades municipales sobre el fundamento de omitir la participación de vecinos, actores sociales y colegios profesionales, advirtiendo que el acceso a la información técnica es un derecho inalienable frente a un proyecto de tal magnitud.
La Defensoría exige transparencia y rigor técnico
El organismo ha puesto de relieve una serie de desprolijidades procedimentales, reconocidas incluso por la Secretaría de Planeamiento Territorial, que se arrastran desde la reunión del Consejo de Planificación Municipal del 9 de febrero. En este sentido, el asesor letrado Carlos Arrative enfatizó que el desarrollo y la competitividad no pueden alcanzarse vulnerando los requisitos legales mínimos.
«El desarrollo, la competitividad y la mejora en la infraestructura del Cerro son objetivos compartidos, pero no pueden alcanzarse vulnerando los requisitos legales mínimos ni omitiendo el diálogo con las juntas vecinales», señaló Carlos Arrative.
La preocupación central radica en que la participación ciudadana ha quedado reducida a una formalidad vacía, ignorando pedidos de informes y observaciones vitales para evaluar el impacto social, económico y ambiental de la iniciativa.
Riesgos ecológicos y el futuro del Catedral
Por su parte, la ingeniera Ailin Clavería, asesora ambiental de la Defensoría, aportó una mirada crítica sobre los riesgos ecológicos. Cuestionó si las obras proyectadas contemplan las proyecciones del cambio climático, la gestión de efluentes y la capacidad de las fuentes energéticas ante el crecimiento poblacional previsto.
«Cualquier decisión que comprometa el futuro del ecosistema y el desarrollo urbano debe estar blindada por un proceso legítimo, transparente y con un sustento técnico irrefutable», sostiene el organismo.
Ante este escenario, la Defensoría ha solicitado formalmente una Evaluación de Impacto Ambiental integral y la intervención de entes técnicos independientes. La exigencia es clara: el Cerro Catedral es un bien común y su gestión requiere un consenso social que solo se logra mediante la apertura total de la información.
