La Defensoría exige transparencia ante el Plan del Cerro Catedral
El desarrollo urbano del Cerro Catedral enfrenta un freno institucional tras las severas críticas sobre la legitimidad del proceso participativo. La Defensoría del Pueblo de Bariloche ha cuestionado la exclusión de voces clave y la falta de rigor técnico en las audiencias recientes, advirtiendo que el futuro de nuestro principal centro de esquí no puede decidirse a espaldas de la ciudadanía. La incertidumbre sobre el impacto ambiental y social mantiene en vilo a toda la comunidad.
Aguas Rionegrinas distribuye aislantes para proteger medidores
El riesgo de cortes en el suministro durante los meses más fríos del año ha puesto en alerta a los vecinos de Bariloche. Ante la inminente llegada de heladas extremas, la empresa prestadora busca evitar el colapso de las instalaciones domiciliarias mediante una logística de prevención directa. Sin embargo, la efectividad de este plan depende de una correcta ejecución técnica por parte de los usuarios, quienes deben actuar con celeridad antes de que el invierno se instale definitivamente.
Condenan a un prestamista que embargó el sueldo tras abuso crediticio
La estabilidad económica de una trabajadora municipal se vio severamente afectada tras un proceso judicial que derivó en embargos injustificados sobre sus haberes. Lo que comenzó como un crédito personal en 2011 terminó transformándose en una pesadilla legal, donde la firma de documentos en blanco se convirtió en un arma de presión. Ahora, el sistema judicial local pone el foco sobre las prácticas predatorias de las entidades financieras que operan sin escrúpulos en nuestra ciudad.
Costa Brutten exige anular el impuestazo que impuso Cortés
La implementación de un incremento impositivo sin respaldo legislativo ha generado un fuerte conflicto institucional en nuestra ciudad. Mientras los contribuyentes ven afectado su bolsillo por un recargo aplicado unilateralmente por el Ejecutivo, la oposición cuestiona la legitimidad de este procedimiento. La tensión crece ante la falta de una ordenanza vigente que avale el cobro, dejando a los vecinos en una situación de incertidumbre jurídica frente a las arcas municipales.
