El bloque Incluyendo Bariloche, encabezado por el concejal Leandro Costa Brutten, ha formalizado una presentación de nulidad absoluta ante la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. En este contexto, Costa Brutten exige anular el cobro de un 10% adicional en la Tasa por Servicios Municipales, bajo el concepto de ‘Fondo para la Ejecución y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana’.
Esta medida, implementada unilateralmente por el Ejecutivo municipal a partir de mayo de 2026, carece de sustento legal vigente. El Concejo Municipal rechazó en diciembre de 2025 el proyecto de Ordenanza Fiscal y Tarifaria, dejando al municipio sin el marco normativo necesario para crear nuevas obligaciones tributarias.
Por qué Costa Brutten exige anular este cobro
La pretensión del intendente Walter Cortés de fundamentar este incremento en la Ordenanza N° 150-CM-92, una norma de 1992 actualmente en desuso, constituye una grave vulneración al principio constitucional de legalidad tributaria. El artículo 1° de la Ordenanza Fiscal N° 2374-CM-12 establece que ningún tributo puede ser exigido sin una ordenanza previa.
«Al arrogarse facultades que la Carta Orgánica Municipal reserva exclusivamente al cuerpo legislativo, el Ejecutivo incurre en un vicio de incompetencia que invalida el acto administrativo de forma insanable», sostiene el bloque opositor.
Acciones legales y defensa del contribuyente
Costa Brutten subrayó que esta maniobra representa una detracción patrimonial injustificada sobre los contribuyentes. Ante este escenario, el bloque Incluyendo Bariloche ha puesto a disposición de la ciudadanía un modelo de reclamo individual para presentar ante el municipio y proteger los derechos de los vecinos frente a lo que consideran un avance arbitrario.
La presentación formal intima al intendente a la anulación del concepto y a la restitución de los importes ya percibidos. De persistir la negativa, se procederá con la interposición de una acción de amparo colectivo y la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Contralor Municipal.
«La transparencia en la administración de los fondos públicos y el estricto cumplimiento de la normativa vigente son pilares fundamentales que no pueden ser soslayados bajo el pretexto de necesidades de infraestructura», concluyeron desde el espacio político.
