La Municipalidad de Bariloche ha sido condenada por el fuero Contencioso Administrativo tras confirmarse la responsabilidad estatal en un siniestro vial provocado por un camión recolector de residuos. La Justicia condena al municipio luego de que se comprobara una falta de servicio evidente en la intersección de la avenida De los Pioneros y la calle Jaime Dávalos.
El hecho ocurrió cuando la unidad municipal realizó una maniobra antirreglamentaria al tomar una curva de manera cerrada, invadiendo el carril contrario e impactando de frente contra un vehículo particular. Este fallo subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad que el Estado debe garantizar al ejecutar sus servicios públicos, los cuales nunca deben comprometer la integridad ni el patrimonio de los vecinos.
Justicia condena al municipio por negligencia vial
La justicia desestimó los argumentos presentados por la defensa municipal, la cual intentó sin éxito atribuir una supuesta responsabilidad a la víctima mediante alegaciones sobre un estado de ebriedad que nunca fue acreditado por pruebas objetivas, como un test de alcoholemia o actas policiales.
«La pericia accidentológica resultó determinante al concluir que la mecánica del choque fue consecuencia directa de una negligencia en el manejo del camión, descartando cualquier disputa sobre prioridades de paso».
Ante la magnitud del daño, que derivó en la destrucción total del automóvil afectado, el magistrado ordenó una indemnización basada en el valor de reposición del rodado, evitando así un costo de reparación antieconómico y garantizando una compensación justa que incluya también el tiempo de privación de uso.
Un precedente sobre la responsabilidad estatal
Este dictamen, que alcanza tanto al municipio como a su aseguradora, Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda., constituye un recordatorio fundamental sobre el deber de cuidado que el Estado tiene hacia la ciudadanía. Si bien la sentencia de primera instancia aún no se encuentra firme y puede ser objeto de apelación, el pronunciamiento judicial marca un precedente necesario sobre la responsabilidad civil derivada de una prestación defectuosa de los servicios públicos.
Como vecinos, es nuestro derecho exigir que quienes operan la flota municipal lo hagan con la máxima diligencia, priorizando siempre la seguridad vial y el respeto por las normas que nos rigen a todas y todos, evitando que el erario público deba responder por negligencias que son, en última instancia, evitables.
