La legisladora provincial Magdalena Odarda, integrante del bloque Vamos con Todos, ha formalizado la presentación de un proyecto de ley con el objetivo de declarar la nulidad absoluta de las operaciones inmobiliarias que derivaron en la cesión de más de catorce mil hectáreas en las nacientes del Río Chubut a estructuras vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos. Con esta iniciativa, Odarda impulsa la nulidad de las ventas para proteger el patrimonio territorial rionegrino, instruyendo a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales inmediatas.
Por qué Odarda impulsa la nulidad de estas tierras
La argumentación central de la parlamentaria sostiene que la enajenación de este territorio a un Estado extranjero implica una reconfiguración fáctica de los límites provinciales. Según el proyecto, esto constituye una transgresión directa a la Constitución de Río Negro, que establece el carácter indivisible y soberano de su suelo frente a cualquier tipo de negociación inmobiliaria encubierta.
«La enajenación de este territorio a un Estado extranjero implica una reconfiguración fáctica de los límites provinciales, lo cual constituye una transgresión directa a la Constitución de Río Negro».
El impacto de la extranjerización en la Patagonia
Odarda vincula este proceso con la flexibilización de los controles impulsada durante la gestión nacional de Mauricio Macri mediante el decreto 820/2016. Este período estuvo marcado por intensas negociaciones diplomáticas con Abu Dhabi que coincidieron con viajes oficiales de autoridades de aquel entonces. La legisladora enfatiza que la maniobra, que involucra a la parcela 20-2-600250 en la zona de Cerro Carreras, vulnera la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales.
«El uso de triangulaciones financieras, fideicomisos y personas interpuestas representa una entrega inadmisible de la Patagonia», denunció la legisladora.
Este proyecto retoma las advertencias históricas de la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales, que ya había señalado irregularidades, precios viles y especulaciones en la venta de tierras fiscales. Ante este escenario, la demanda es clara: el Estado provincial debe abandonar su postura pasiva y asumir la responsabilidad de defender el patrimonio colectivo, garantizando que ninguna zona de frontera sea objeto de negociados que comprometan la integridad territorial de Río Negro.
