La Justicia Civil de San Carlos de Bariloche ordenó el corte de 20 pinos ponderosa situados en la zona oeste, tras hacer lugar a una acción de daño temido presentada por una residente local. La resolución judicial responde a la necesidad de garantizar la seguridad física de los habitantes y proteger la infraestructura habitacional ante el peligro inminente que representaban los ejemplares, cuya inestabilidad amenazaba la integridad del vecindario frente a los fuertes vientos característicos de la región andina.
El fallo judicial por el corte de 20 pinos
El conflicto surgió debido a la falta de respuesta de los responsables de los predios linderos, quienes omitieron atender los reclamos previos de la vecina. Ante la persistencia del riesgo, la afectada solicitó la intervención del Servicio Forestal Andino. Los informes técnicos del organismo confirmaron que los árboles, que superan los 20 metros de altura, presentaban fallas estructurales graves con riesgo de desrames o caída total sobre la vivienda. Este diagnóstico fue el elemento determinante para que el magistrado del fuero Civil autorizara el procedimiento.
La medida judicial alcanza a la empresa Del Valle SRL, a las administraciones de los complejos comerciales La Posada del Angel y La Posada del Chimango, así como a los propietarios y poseedores de las parcelas colindantes. El fallo ordena talar al ras del suelo la totalidad de los ejemplares señalados, siguiendo las pautas técnicas del Servicio Forestal Andino, organismo que además propuso la sustitución de la arboleda retirada por especies nativas arbustivas.
Para asegurar el cumplimiento de la orden, el juzgado estableció un mecanismo de ejecución subsidiaria que permite a la accionante contratar las tareas de tala a costa de los demandados. Asimismo, se fijó una sanción económica coercitiva de 50.000 pesos por cada día de demora en la ejecución del corte de 20 pinos. La resolución incluye la advertencia de remitir las actuaciones a la Justicia penal ante la posible configuración de un delito de orden público, ratificando el compromiso institucional con el amparo de los derechos comunitarios.
La sentencia busca resolver de manera definitiva la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la propiedad. El magistrado enfatizó que la inacción de los titulares de los predios linderos frente al peligro cierto obligó a la intervención judicial para evitar daños mayores. Con esta resolución, se obliga a los responsables a gestionar los permisos administrativos pertinentes ante el Servicio Forestal Andino para proceder con la remoción de los ejemplares, garantizando que el corte de 20 pinos se realice bajo las normas de seguridad vigentes para evitar cualquier tipo de accidente en la zona.
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