La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja presentada por la empresa EdERSA, confirmando el traspaso de la línea eléctrica de Bariloche a la firma estatal Transcomahue. Esta resolución judicial ratifica la decisión previa del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, asegurando que la infraestructura estratégica que abastece de energía a Pilcaniyeu y a la comunidad local permanezca bajo gestión pública.
El conflicto por la línea eléctrica de Bariloche

El origen del litigio se remonta a una resolución de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, que dispuso el traspaso operativo tras el vencimiento del contrato de suministro. La empresa privada interpuso acciones legales argumentando que poseía la titularidad de las instalaciones por noventa y cinco años, alegando que la medida vulneraba su derecho de propiedad y afectaba el equilibrio económico de la concesión.
Sin embargo, la justicia provincial rechazó estos planteos. Tanto la Cámara de Apelaciones de Cipolletti como el Superior Tribunal de Justicia determinaron que el contrato original solo otorgaba un derecho de uso sobre los activos y no la propiedad. Además, el tribunal subrayó la facultad del Estado para modificar las condiciones operativas por razones de interés público, descartando que existiera una afectación sustancial en la prestación del servicio.
«Corte Suprema de Justicia de la Nación || fundamentación autónoma», señaló el fallo al desestimar el recurso.
Al evaluar la última instancia, el máximo tribunal nacional ratificó que el recurso carecía de sustento. La Corte concluyó que la empresa no logró refutar los argumentos centrales de la justicia provincial ni justificar la pretendida arbitrariedad en las decisiones administrativas. Con este pronunciamiento, se consolida la gestión de la red pública y se garantiza la continuidad del servicio eléctrico para los vecinos.
La resolución pone fin a una disputa prolongada sobre la titularidad de los activos energéticos. De esta manera, la línea eléctrica de Bariloche queda definitivamente bajo la órbita estatal, cerrando el proceso judicial iniciado por la distribuidora tras la finalización de su contrato de concesión en la región.





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