Una resolución judicial reciente sobre un siniestro vial por marcha atrás en Bariloche sentó una postura clara sobre los derechos de quienes transitan cotidianamente por las calles. La Justicia Civil de la ciudad ordenó un resarcimiento económico a favor de una persona cuyo automóvil fue impactado por otro vehículo que realizaba una maniobra de retroceso para incorporarse al tránsito. La resolución establece que el responsable, junto con su aseguradora, deberán abonar 7.278.035 pesos más intereses, al no haberse demostrado ninguna eximente que liberase al conductor de su obligación legal frente al daño provocado.
El impacto por marcha atrás en Bariloche
El hecho ocurrió cuando el automóvil reclamante avanzaba regularmente por la arteria vial y fue sorprendido por un coche que salía desde una rampa de estacionamiento privado. Como consecuencia, el vehículo que retrocedía golpeó el lateral delantero derecho del rodado que circulaba correctamente, provocando además un segundo impacto contra otro coche que se encontraba estacionado. La parte demandada intentó deslindar su responsabilidad argumentando que su maniobra había sido cautelosa y a velocidad reducida, sosteniendo erróneamente que ya ocupaba la calzada al momento de ser embestida.
No obstante, el magistrado interviniente desestimó esa interpretación, aclarando que la presunción desfavorable que suele recaer sobre quien impacta desde atrás solo resulta aplicable cuando ambos rodados avanzan en una misma dirección lineal. En el contexto de un egreso marcha atrás en Bariloche hacia la vía pública, la ubicación de las marcas del choque no constituye prueba suficiente para transferir la culpabilidad a quien transitaba con prioridad, máxime cuando quien retrocedía no pudo acreditar que hubiese completado la incorporación al flujo vehicular en condiciones de seguridad.
«La presunción desfavorable que suele recaer sobre quien impacta desde atrás solo resulta aplicable cuando ambos rodados avanzan en una misma dirección lineal», aclaró el magistrado interviniente en su resolución.
Al no existir pruebas sobre alguna conducta imprudente atribuible a la víctima, el fuero resolvió encuadrar la controversia en el régimen de responsabilidad objetiva inherente a los riesgos del tránsito automotor. En este marco, toda persona que genera un daño mediante el uso de un vehículo debe hacerse cargo de sus consecuencias, salvo que pruebe fehacientemente el hecho imprevisible de un tercero o la culpa exclusiva de la parte damnificada, circunstancias que no se verificaron en la causa. Por esta razón, la condena recayó solidariamente sobre el automovilista y la aseguradora citada en garantía.
Por otra parte, la sentencia desestimó el reclamo por lucro cesante solicitado por el propietario perjudicado, quien adujo emplear el coche para el reparto de mercadería, dado que no se acreditaron pérdidas concretas de ingresos. Finalmente, el pronunciamiento judicial no se encuentra firme, puesto que sobre él cabe aún la posibilidad legal de interponer apelación.
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