La Justicia tratará la ordenanza del Coro Municipal de Dina Huapi

El conflicto institucional que involucra al Coro Municipal de Dina Huapi llegó al máximo tribunal provincial, el cual resolvió asumir la competencia originaria para analizar la validez jurídica de la norma que regula la labor cultural comunitaria. La contienda central se originó a partir de la sanción de la Ordenanza 927, mediante la cual se estableció que la dirección de la agrupación debe ser remunerada a través de un contrato anual financiado por el Poder Ejecutivo.

El conflicto por el Coro Municipal de Dina Huapi

Para fundamentar su presentación judicial, las autoridades del Ejecutivo sostuvieron que la normativa vulnera los preceptos de la Carta Orgánica Municipal en materia de ordenamiento financiero, al no especificarse la fuente de financiamiento necesaria para cubrir la retribución. Asimismo, la administración local remarcó que la agrupación ya cuenta con una partida asignada en el presupuesto anual, por lo que argumentó que cualquier erogación suplementaria debería absorberse con los recursos previstos originalmente.

De manera complementaria, el gobierno municipal solicitó una declaración de certeza para precisar los mecanismos normativos aplicables a la actualización de los haberes de la función directiva. En una instancia previa, la Procuración General de la Provincia sugirió que la facultad del alto tribunal se encontraba prescripta al haber vencido el plazo formal de treinta días hábiles, al interpretar que el diferendo revestía un carácter puramente económico.

«El eje del reclamo excede la dimensión financiera e involucra garantías institucionales de la división de poderes en el municipio», concluyeron los magistrados del Superior Tribunal de Justicia al desestimar la postura del ministerio público.

Los jueces determinaron que, al tratarse de una regulación dictada por el cuerpo deliberativo sobre un espacio de desarrollo cultural, el examen de legalidad exige verificar si el procedimiento de sanción respetó los pilares fundamentales de la Carta Orgánica. Al encuadrar la pretensión como una acción directa de inconstitucionalidad con impacto institucional, la Justicia dispuso dar traslado formal a la contraparte para continuar con el proceso judicial.

Esta etapa resulta crucial para el futuro del Coro Municipal de Dina Huapi, ya que permitirá determinar si la norma cumple con los requisitos legales exigidos. La resolución final del tribunal será determinante para definir la estabilidad de los contratos y la gestión de los recursos destinados a las actividades artísticas locales, garantizando que el acceso comunitario al desarrollo cultural cuente con el respaldo presupuestario y legal necesario para su funcionamiento institucional.