La Justicia vuelve a fallar contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, ordenando el pago inmediato de los salarios adeudados a los miembros de la Comisión Directiva del SOYEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales). Este fallo se suma a la reciente condena por violencia laboral e institucional contra el Intendente Walter Cortés, elevando la tensión entre el ejecutivo municipal y el gremio.
La Cámara Segunda del Trabajo de la Tercera Circunscripción Judicial desestimó la demanda de consignación presentada por la Municipalidad. Con esta dicen pretender depositar judicialmente los salarios de diciembre de 2024, argumentando incertidumbre sobre la legitimidad de los receptores. El tribunal fue contundente al afirmar que no existía tal incertidumbre y que el municipio debía abonar los salarios adeudados.
Este nuevo fallo adverso ocurre a menos de un año de que la justicia rionegrina condenara al Intendente Cortés por violencia laboral e institucional. Hecho en el que trabajadoras municipales, integrantes del SOYEM, sufrieran agresión verbal y amenazas. Según la información publicada por La Política Online, la sentencia ordenó al jefe comunal realizar un curso de capacitación en prevención de violencia laboral y de género. Además se estableció un protocolo especial para futuras reuniones con las denunciantes.
La acumulación de fallos judiciales desfavorables tensa aún más las relaciones entre Walter Cortés y el SOYEM. La Justicia vuelve a fallar, esta vez en el caso de los salarios, marcando un límite a las acciones del ejecutivo en su trato con los trabajadores municipales.
Un escenario de creciente conflictividad donde la Justicia vuelve a fallar
La decisión judicial de obligar al municipio a pagar los salarios atrasados a los miembros del SOYEM se basa en la falta de sustento legal en la demanda de consignación. La justicia determinó que no había razones para dudar sobre quiénes eran los legítimos receptores de los salarios. También determinó que no existía impedimento para que el municipio realizara el pago de manera directa. Además, el tribunal recordó al municipio la importancia de respetar sus propias normativas y la jurisprudencia en materia de licencias gremiales.
La condena previa al Intendente Cortés por violencia laboral e institucional añade un componente de gravedad al conflicto. La justicia no solo cuestiona las decisiones administrativas del ejecutivo, sino también su conducta en el ámbito de las relaciones laborales.
El SOYEM, por su parte, ha manifestado su firmeza en la defensa de los derechos de sus afiliados. El gremio rechaza las acciones del municipio y exige el cumplimiento de las obligaciones salariales y el respeto a la actividad sindical. La situación abre interrogantes sobre el futuro de las relaciones laborales en el municipio y la capacidad del gobierno local para resolver conflictos de manera pacífica y justa. En este contexto, la Justicia vuelve a fallar, reafirmando su rol como garante de los derechos de los trabajadores.
La sociedad barilochense observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos. Otro hecho que muestra el impacto que tienen estos hechos en la estabilidad institucional y en el bienestar de los trabajadores municipales.
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