Buscan sancionar el falso voluntariado en comercios de Bariloche

El concejal Leandro Costa Brutten, integrante del bloque Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto para regular el falso voluntariado en comercios con el objetivo de resguardar los puestos de trabajo formales y frenar la precarización económica en la ciudad. La propuesta legislativa ante el Concejo Municipal busca establecer mecanismos de fiscalización sobre el uso de figuras como el voluntariado, la colaboración y el intercambio de servicios en establecimientos comerciales. El articulado contempla sanciones administrativas graduadas, que abarcan desde apercibimientos y multas hasta la baja de la habilitación comercial para aquellos locales que utilicen esquemas informales para sustituir empleo registrado.

Medidas contra el falso voluntariado en comercios

La iniciativa parlamentaria surgió luego de que tomara estado público la convocatoria de un alojamiento turístico local que ofrecía hospedaje gratuito a cambio de veinticinco horas semanales de trabajo en recepción, limpieza y cocina. Ante dicho escenario, la propuesta busca diferenciar el voluntariado comunitario sin fines de lucro de aquellas prácticas comerciales que apelan a contraprestaciones informales para reducir costos operativos en detrimento de la mano de obra residente. En la exposición de motivos que acompaña la propuesta legislativa, el autor de la iniciativa fundamentó la necesidad de fijar límites normativos claros en el ámbito mercantil del municipio.

«Esta situación plantea la necesidad de establecer criterios claros respecto del uso de figuras como el voluntariado, el intercambio o la colaboración dentro de establecimientos comerciales habilitados», dijo Leandro Costa Brutten.

Para evitar la sustitución laboral, el proyecto fija indicadores objetivos que permitirán a la autoridad de aplicación detectar prestaciones irregulares en comercios, locales gastronómicos y residencias turísticas. Entre los elementos que configuran una infracción se contemplan la asignación de turnos u horarios prefijados, la exigencia de una carga horaria semanal determinada, el desarrollo de funciones esenciales o permanentes y la existencia de instrucciones directas o supervisión sobre las personas que ejecutan las tareas. Asimismo, la percepción de beneficios como alojamiento, comida, dinero o descuentos a cambio de las labores será considerada una prueba fehaciente de relación comercial no declarada. El concejal advirtió que el uso de estas modalidades bajo la fachada de falso voluntariado en comercios distorsiona el mercado laboral local.

Con la finalidad de sostener el fomento del empleo en las distintas ramas productivas de la localidad, la normativa ratifica las políticas de incentivación y promoción laboral aprobadas previamente por el articulado comunal. Respecto a los propósitos centrales de la regulación, el edil enfatizó la importancia de asegurar que el desarrollo productivo se desenvuelva con equidad.

«Promover el trabajo local implica no sólo generar incentivos para la contratación, sino también prevenir aquellas prácticas que puedan utilizarse para sustituir puestos de trabajo», remarcó Leandro Costa Brutten.

El texto de la ordenanza exceptúa expresamente del régimen sancionatorio al voluntariado social, cultural, ambiental o educativo de carácter solidario que no persiga fines lucrativos ni reemplace puestos de trabajo, así como a las pasantías y prácticas educativas de instituciones locales formalmente conveniadas. Sin embargo, para los locales comerciales comprendidos en la norma se fija la prohibición absoluta de difundir convocatorias públicas orientadas a cubrir tareas ordinarias bajo rótulos como voluntariado o intercambio. En caso de fiscalización, los titulares de las habilitaciones estarán obligados a remitir la nómina del personal, horarios, acuerdos y beneficios otorgados.

La Dirección de Inspección General actuará como autoridad de aplicación encargada de realizar los controles e inspecciones correspondientes en las distintas instalaciones comerciales del ejido municipal. Cuando en el marco de estos procedimientos se comprueben indicios consistentes de trabajo no registrado o infracciones laborales, el municipio deberá remitir las actuaciones a las autoridades laborales provinciales y nacionales con competencia en la materia, garantizando la articulación interinstitucional sin atribuirse facultades judiciales ni laborales que excedan el poder de policía de las habilitaciones.

Las penalidades previstas en la norma se aplicarán mediante un procedimiento administrativo garantista que asegure el derecho de defensa, la aportación de pruebas y el dictado de resoluciones fundadas. Las sanciones irán desde apercibimientos e imposición de multas hasta la clausura temporal, la suspensión o la baja definitiva de la habilitación comercial en casos de reincidencia o falta grave. Respecto a los criterios que deben primar en San Carlos de Bariloche, el edil remarcó la visión integral del proyecto:

«La ciudad necesita promover el desarrollo de su actividad turística y comercial, pero ese desarrollo debe traducirse también en empleo digno, registrado y con derechos», concluyó Leandro Costa Brutten.

Finalmente, el proyecto otorga un plazo de treinta días corridos desde su promulgación para que los comercios se adecuen a la norma. Asimismo, encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar el texto en sesenta días, impulsando campañas sobre derechos laborales e implementando canales para la recepción de denuncias bajo estricto principio de confidencialidad.