Abuso de poder es lo que denuncia Pablo, uno de los diez hijos de Julia Argentina Chávez, una vecina de 74 años que enfrenta una orden de desalojo en Bariloche. Vive desde siempre en el mismo terreno, ubicado en la calle Onelli 1752, donde hoy se levantan tres casas construidas por generaciones de su familia. La propiedad, según relata Pablo, perteneció a su abuelo y luego a su madre, que crió allí a toda su descendencia.
Todo comenzó en 1992, tras la trágica muerte de una de las hijas de Julia. En medio del duelo, una pareja allegada se acercó con la excusa de ayudar. Le ofrecieron cubrir los gastos del sepelio y le hicieron firmar un permiso para usar parte del terreno. Según Pablo, ese documento terminó siendo utilizado para confeccionar una escritura a favor de terceros, sin testigos propios ni dinero mediante. “Nunca fue una venta”, aseguró en diálogo con Bariloche En Redes.
Durante tres décadas no hubo reclamos. Fue recién en 2019 cuando comenzaron a llegar notificaciones judiciales. “Nunca entendimos que se trataba de una demanda. No teníamos abogado, no sabíamos que nos estaban juzgando”, relató. Intentaron responder con distintos abogados, pero el juzgado declaró a la familia en rebeldía. Desde entonces, la causa avanzó sin permitirles presentar pruebas, partidas de nacimiento ni testimonios.
El desalojo está previsto para el 29 de mayo. La familia asegura que en las últimas semanas hubo episodios intimidantes, con amenazas y presencia violenta frente a la casa. “Ya vinieron con una camioneta, insultaron, se pararon a mirar desde enfrente. Nos dijeron que iban a traer al COER”, dijo Pablo.
Otro antecedente mediático con abuso de poder en Bariloche
El conflicto recuerda otro caso de alto perfil ocurrido hace algunos años. Según publicaron diversos medios provinciales en 2016 y 2017, una ministra provincial fue denunciada por adquirir una propiedad mediante un poder firmado por una mujer de más de 90 años. La situación derivó en su renuncia al cargo. Aunque los contextos difieren, ambos casos comparten un eje: la utilización de documentos firmados por personas mayores en situaciones de vulnerabilidad, convertidos luego en títulos de propiedad.
Advertencia institucional de la Defensoría del Pueblo
Por separado, la Defensoría del Pueblo de Río Negro ha advertido en distintos informes que muchas personas mayores, con capacidades diferentes o escasa instrucción formal, quedan fuera del sistema de defensa legal en causas civiles. En juicios entre privados, el Estado no garantiza representación, y eso expone a sectores enteros de la sociedad a perder lo único que tienen: su casa.
“Mi mamá ayudó a todo el mundo. Hoy pedimos que nos ayuden a nosotros. No queremos violencia, queremos que se frene este abuso de poder y que nos escuchen”, cerró Pablo.
NOTAS RELACIONADAS
