La Justicia ordena a la municipalidad de Bariloche expedirse en diez días hábiles sobre un reclamo salarial por adicionales de tareas insalubres, impulsado por cuatro de sus empleados. Esta decisión de la Cámara laboral no solo desatasca una prolongada mora administrativa, sino que también reivindica el derecho de la ciudadanía a obtener respuestas claras y oportunas de sus instituciones públicas, enfatizando la transparencia en la gestión estatal.
La Justicia ordena a la municipalidad: fin a la mora administrativa
El conflicto surgió cuando cuatro empleados municipales, tras agotar todas las instancias administrativas sin lograr una definición del Poder Ejecutivo, llevaron su demanda al Poder Judicial. El reclamo se formalizó con un expediente por diferencias salariales. Ante la falta de respuesta, los afectados recurrieron al pronto despacho, sin éxito. Este proceso habilitó la intervención judicial, no para resolver el fondo salarial, sino para obligar a la administración a pronunciarse.
El eje de su planteo no era que el tribunal determinara el monto adeudado, sino la ausencia de una resolución que cerrara el trámite iniciado, situación que menoscaba la confianza en la administración.
La postura municipal y el rechazo de la Cámara
Ante la acción por mora, el municipio argumentó no existir incumplimiento, sosteniendo que el trámite seguía en curso y que su complejidad, al requerir intervención de áreas y evaluaciones, demandaba tiempo. No obstante, la Cámara laboral descartó tal postura, subrayando que el desarrollo interno de un expediente no reemplaza la necesidad de una decisión concreta, y que el procedimiento administrativo debe concluir con un pronunciamiento expreso. Las explicaciones municipales no fueron respuesta jurídica válida, al no abordar el planteo específico. Así, se configuró la mora administrativa, destacando que dificultades organizativas o la multiplicidad de dependencias no pueden justificar la falta de definición dentro de los plazos legales.
La Cámara laboral descartó la postura municipal, subrayando que el desarrollo interno de un expediente no reemplaza la necesidad de una decisión concreta, y que el procedimiento administrativo debe concluir con un pronunciamiento expreso.
Un precedente clave para los derechos ciudadanos
El fallo, que sienta un precedente para la defensa de los derechos de la ciudadanía, ordena a la Municipalidad de Bariloche pronunciarse en el plazo estipulado desde la notificación. Si bien la resolución judicial no se expide sobre el fondo del reclamo, dejando esa tarea a la administración, establece una consecuencia clara: si no se adopta una decisión, los trabajadores podrán considerar agotada la vía administrativa y avanzar hacia otras instancias judiciales. Un recordatorio de que eficiencia y respuesta son pilares de la buena gobernanza.
