El Movimiento Vecinal por Bariloche formalizó un enfático reclamo institucional para la defensa del Cerro Catedral, ante las pretensiones de emprendimientos inmobiliarios privados que buscan intervenir en una superficie cercana a las 80 hectáreas. A través de un documento público difundido por la comisión directiva de la agrupación, los pobladores alertaron sobre maniobras que pretenden autorizar proyectos hoteleros que, según advierten, encubren la parcelación y venta de tierras que revisten carácter público e inalienable de acuerdo con la normativa vigente. La postura fue fundamentada ante el debate de la próxima Revisión de la Carta Orgánica Municipal.
Antecedentes y la defensa del Cerro Catedral
El conflicto domanial y normativo encuentra sus fundamentos en antecedentes históricos que datan de la sanción de la Ley 23.251 en el año 1985, mediante la cual el Estado Nacional transfirió el dominio y el poder concedente del área a la provincia de Río Negro. No obstante, dicha legislación disponía la posterior transferencia de la gestión y la propiedad al Municipio de San Carlos de Bariloche, hito que debía concretarse de manera formal en el año 2010. Posteriormente, el 4 de enero del año 2007, la convención constituyente local sancionó la Carta Orgánica Municipal de San Carlos de Bariloche, incorporando en el punto 18 de las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Plazos de Obligatorio Cumplimiento la reivindicación explícita sobre el espacio de montaña.
Desde la organización vecinal señalaron que el proceso de traspaso ha estado signado por una opacidad jurídica persistente. Las constantes fundamentaciones por parte de los estamentos provinciales respecto a la ausencia de trámites de mensura distorsionaron la debida inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble a favor del Municipio. Esta postura ha dilatado por quince años la resolución definitiva de la controversia, acumulando una mora patrimonial y económica histórica. En tal sentido, la normativa comunal impone a las autoridades locales el mandato imperativo de reclamar la compensación por la explotación comercial efectuada por la administración provincial entre los años 1985 y 2010.
«Los vecinos somos los propietarios morales y sociales del Cerro», enfatizó Alfredo Canelo, presidente del Movimiento Vecinal por Bariloche.
La preocupación de las familias barilochenses se intensifica ante los intentos de avance urbanístico sobre sectores protegidos del ejido. Las investigaciones preliminares y las tasaciones del sector indican que una porción significativa de las casi 80 hectáreas pretendidas se clasifica técnicamente como suelo no urbanizable. Además, las valuaciones registradas muestran cifras por metro cuadrado situadas hasta un 80% por debajo de los precios reales de mercado, lo que representaría un perjuicio económico monumental para las arcas de la comuna.
«Cualquier iniciativa de desarrollo hotelero que se proponga en la actualidad encubre, en la práctica, la posibilidad de parcelar y vender lotes públicos», sostuvo Beatriz Rodríguez, vicepresidenta del espacio vecinal.
A las inconsistencias financieras y jurídicas se suman los severos diagnósticos técnicos formulados por diversas organizaciones ambientales y colegios profesionales de la región. Los informes coinciden en señalar que la deforestación del bosque nativo y la consecuente alteración del ecosistema de alta montaña amenazan de forma directa la regulación hídrica territorial. Asimismo, la edificación proyectada sobre laderas con pendientes pronunciadas incrementa el riesgo natural de deslaves y avalanchas, exponiendo la seguridad humana. A su vez, los especialistas remarcan que la infraestructura planteada padece de falta de factibilidad real, lo que derivaría en el colapso inminente de los servicios básicos de agua potable, electricidad, red cloacal y conectividad digital en la ciudad.
Los muestreos de opinión efectuados en la comunidad reflejan un categórico rechazo social hacia los modelos de desarrollo de impronta exclusivamente comercial. La organización, integrada además por la tesorera Marina Chiavia y los vocales Cinthya Jaramillo y Cristian Rodríguez, remarcó que el crecimiento turístico y urbano debe trazarse mediante una planificación estratégica con proyección a largo plazo, capaz de superar el cortoplacismo de las temporadas invernales y las urgencias políticas. La labor en la defensa del Cerro Catedral busca garantizar que la Carta Orgánica funcione como un faro de liderazgo institucional, ético y regulatorio que brinde estabilidad mediante reglas transparentes.
«Queda claro que los vecinos no acordamos con proyectos que desnaturalicen a nuestro Cerro, que no es un enclave privado ni un territorio aislado de la trama barilochense», expresó Juan Pulpeiro, secretario de la organización comunitaria. Si bien el espacio no se opone a la modernización de la infraestructura, exige una articulación equilibrada entre el Estado, el capital privado, los trabajadores locales y la ciudadanía para salvaguardar el patrimonio de San Carlos de Bariloche.
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