La justicia de dictó un fallo que eximió a una trabajadora del pago de las costas de un juicio laboral, trasladando dicha responsabilidad económica a su abogado patrocinante tras rechazar la demanda presentada. La resolución judicial se originó en un litigio contra una cadena de supermercados local, donde el letrado exigió un resarcimiento cercano a los 22 millones de pesos bajo el argumento de un despido discriminatorio por motivos de salud.
Implicancias de las costas de un juicio laboral
La trabajadora, quien ingresó a la firma en agosto de 2023 y fue desvinculada el 27 de marzo de 2025, alegó que la medida fue una represalia por una dolencia en el hombro izquierdo. Sin embargo, la empresa acreditó que el cese respondió a razones operativas por el fin de la temporada turística, habiendo notificado a otros cinco empleados en la misma fecha. Al analizar las pruebas, los magistrados descartaron tratos hostiles y confirmaron que la compañía abonó correctamente la indemnización, sin saldos pendientes por antigüedad, preaviso o vacaciones.
El tribunal detectó irregularidades en la demanda, como un cálculo de antigüedad del 10% cuando el convenio colectivo estipula el 1%, además de reclamos por multas basadas en normas derogadas y una petición de 17 millones de pesos por daño moral sin sustento médico. Ante estas falencias técnicas, el tribunal encuadró el accionar del profesional en la figura de pluspetición inexcusable, una sanción prevista para planteos desmedidos.
Al fundamentar la decisión de desplazar las costas de un juicio laboral hacia el representante legal, la Cámara del fuero laboral de Bariloche fue contundente en su resolución:
«La sinrazón y dislate de la petición sumada a la escasa fundamentación en derecho», señaló el tribunal.
El fallo consideró que la ex-empleada pudo haberse sentido con derecho a litigar, por lo que la carga económica recayó exclusivamente en la praxis de su abogado. Esta resolución de primera instancia, que aún puede ser apelada, marca un precedente relevante en la jurisdicción sobre la transparencia en el ejercicio de la abogacía y la protección de los derechos de los vecinos.
La sentencia subraya la importancia de la fundamentación técnica en los reclamos judiciales, evitando que las pretensiones desmedidas afecten a los trabajadores que, en este caso, quedaron liberados de las costas de un juicio laboral tras demostrarse la falta de sustento en los argumentos presentados por su letrado. El expediente permanece abierto a futuras instancias procesales que determinarán la firmeza definitiva de la medida impuesta por la Cámara.
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