La legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con la empresa estatal israelí Mekorot durante una reunión de la Comisión de Planificación Hídrica en la Legislatura de Río Negro. El encuentro, marcado por tensiones, ocurrió en el contexto de una controversia sobre la participación de Mekorot en la gestión de recursos hídricos de la provincia. Odarda cuestionó a Mekorot la legalidad ante la incorporación del manejo de nuestros recursos hídricos, basándose en informes de organismos internacionales y en las obligaciones legales que el Estado rionegrino no puede delegar.
Odarda cuestionó a Mekorot en la planificación de recursos hídricos
Magdalena Odarda hizo énfasis en que el Gobierno de Río Negro no puede delegar la planificación de los recursos hídricos a una empresa extranjera, como lo establece el Código de Aguas. Según la legisladora, esta responsabilidad debe ser ejercida exclusivamente por el Departamento Provincial de Aguas (DPA). «El agua subterránea, el agua superficial y el agua de los glaciares constituyen información sensible», manifestó Odarda. Por ello, insistió en que el conocimiento estratégico de estos recursos debe permanecer en manos del Estado, fortaleciendo el DPA e incorporando a las universidades nacionales y al CONICET.
Odarda también expresó su preocupación por el carácter reservado de la reunión, a la que no se permitió el ingreso de vecinos ni se habilitó la participación remota. En coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la legisladora lamentó que se les negara la palabra a los ciudadanos. «Por eso trasladé muchas de las preguntas que no pudieron hacer los vecinos», explicó.
Cuestionamientos internacionales sobre Mekorot y la necesidad de control legislativo
Durante la reunión, Odarda recordó informes de Naciones Unidas que cuestionan los antecedentes internacionales de Mekorot. Señaló que la ONU ha denunciado que Israel violó la Convención para la Prevención del Genocidio al utilizar la retención de necesidades vitales como arma, mencionando cortes en el suministro de agua y alimentos. Además, subrayó que la Relatoría Especial de la ONU instó a investigar a empresas por su participación en crímenes internacionales. «Estos antecedentes no pueden pasarse por alto cuando se decide quién interviene en la planificación del agua en nuestra provincia», afirmó.
Odarda insistió en que el acuerdo con Mekorot debió ser tratado por la Legislatura, conforme al artículo 181 inciso 13 de la Constitución Provincial. Al tratarse de una empresa estatal extranjera, el contrato se convierte en un convenio internacional que exige control parlamentario. La legisladora también criticó la falta de publicación del contrato, la inexistencia de audiencia pública y la ausencia de fiscales ambientales, aspectos que considera violaciones al Acuerdo de Escazú y otras normativas ambientales.
Finalmente, Odarda reiteró que la defensa del agua es un deber indelegable del Estado. «El agua es un derecho humano y un bien común. La planificación hídrica no puede quedar sujeta a intereses corporativos externos ni a procesos que excluyen a la ciudadanía», concluyó.
