El máximo tribunal del país dispuso frenar los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, normativa que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales N.º 26.737, lo que implica una protección temporal sobre la Ley de Tierras. Esta medida cautelar responde a un amparo colectivo impulsado desde Río Negro por organizaciones comunitarias, ambientales, gremiales e indígenas. El expediente retornará al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche para continuar con su trámite.
Alcances de la medida sobre la Ley de Tierras
La Corte Suprema de Justicia de la Nación diferenció esta causa de la iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), al considerar que en la demanda rionegrina existen fundamentos propios sobre protección ambiental. La presentación judicial fue promovida por la legisladora Magdalena Odarda junto a la Asociación Civil Árbol de Pie, integrantes de las comunidades originarias Lof Futa Anekon y Lafkenche, representantes gremiales y vecinos de la provincia, con el patrocinio letrado de Martín Palumbo y Ernesto Montecino Odarda.
«Es una enorme alegría y un triunfo de la lucha colectiva. Desde Río Negro venimos defendiendo esta ley porque sabemos lo que significa para nuestra provincia y para toda la Patagonia.», dijo Magdalena Odarda.
La legisladora del Bloque Vamos con Todos advirtió que la medida judicial es temporal e insistió con la marcha fijada para el 15 de octubre, buscando que la Cámara de Diputados rechace el DNU. En esa línea, la representante vinculó la decisión con la defensa de las instituciones públicas de educación superior y destacó la formación de los profesionales intervinientes.
«Este triunfo también es un homenaje a la universidad pública argentina. Los abogados que hicieron posible este logro son egresados de universidades públicas.», señaló Odarda.
Sobre la movilización convocada para mediados de octubre por organizaciones sociales y ambientales, la legisladora sintetizó la postura del colectivo ciudadano:
«Hoy tenemos motivos para celebrar, pero también para seguir luchando. La soberanía no se entrega y el agua se defiende para nosotros y para las próximas generaciones.»
La causa judicial continúa su curso en la instancia local, mientras las organizaciones mantienen el estado de alerta y movilización en defensa de la normativa vigente que regula la propiedad rural en el país.
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