La legisladora Magdalena Odarda presentó un recurso judicial para juzgar a Arabela Carreras por su rol en el convenio firmado con la empresa estatal israelí Mekorot. Según la denuncia, la exgobernadora habría violado la Constitución, omitido controles legislativos y ocultado un acuerdo que compromete la soberanía hídrica de Río Negro. El planteo judicial busca revertir la decisión del fiscal Guillermo Ortiz, quien archivó la causa sin abrir ninguna investigación penal.
Con fundamentos jurídicos, constitucionales y ambientales, Odarda insiste en que se debe juzgar a Arabela Carreras por abuso de autoridad, omisión de deberes de funcionaria pública y por promover un acuerdo internacional sin intervención legislativa ni consulta ciudadana. El convenio, cuya existencia se conoció recién tras pedidos de informes, fue firmado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y establecía una consultoría de 18 meses por un millón de dólares.
Juzgar a Arabela Carreras por cesión de información estratégica
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es la cláusula de propiedad intelectual. Según el recurso, Mekorot se reservó los derechos sobre los informes generados a partir del análisis de la situación hídrica de Río Negro. Esto incluiría diagnósticos, proyecciones, valoraciones económicas y recomendaciones institucionales. Para Odarda, esto configura una “desposesión de conocimientos estratégicos” a favor de una empresa estatal extranjera, y vulnera principios constitucionales y tratados internacionales.
También se denuncia la falta de publicación oficial del convenio, la omisión de tratamiento legislativo y la ausencia de mecanismos de participación pública. “El ocultamiento del contenido del convenio resulta jurídicamente inaceptable y democráticamente intolerable”, afirma el recurso. Se acusa a Carreras de no haber respetado el artículo 181 inciso 13 de la Constitución rionegrina, que exige control legislativo para convenios internacionales.
Además de señalar la responsabilidad política de Carreras, el documento critica el accionar del Ministerio Público Fiscal por desestimar el caso sin profundizar la instrucción ni considerar la gravedad institucional de los hechos denunciados.
El gobierno actual defiende el acuerdo con Mekorot
El actual gobierno de Río Negro, alineado con el oficialismo anterior, respalda la validez del convenio. Voceros del Departamento Provincial de Aguas (DPA) aseguraron que los informes de Mekorot serán públicos y que no se ha comprometido ninguna decisión estratégica. Afirman que se trata de una consultoría técnica, no de una cesión de soberanía.
Sin embargo, la oposición sostiene que el acuerdo fue confidencial, que omitió controles institucionales, y que cualquier disputa legal se resolvía bajo legislación inglesa en tribunales del Reino Unido. Esto refuerza la denuncia sobre la pérdida de control provincial sobre un recurso vital como el agua.
Una denuncia que busca responsabilidades penales
Odarda sostiene que la firma del convenio no fue un hecho administrativo menor, sino una decisión política grave que evitó deliberadamente los controles que impone la ley. Cita el artículo 248 del Código Penal, que prevé sanción para los funcionarios que no cumplen con las normas constitucionales y legales en el ejercicio de su cargo.
El recurso afirma: “la omisión deliberada de someter el acuerdo al tratamiento legislativo, la firma de un convenio que restringe el acceso a información estratégica y la falta de publicación oficial de su contenido configuran una hipótesis clara de violación de deberes funcionales”.
Por todo esto, se exige juzgar a Arabela Carreras en sede penal. No como un acto simbólico, sino como garantía de legalidad, transparencia y respeto por los recursos comunes de la provincia.
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