El gremio docente de la provincia de Río Negro, a través de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), exige la inmediata restitución de cuatro docentes separadas en Río Negro de sus puestos de trabajo en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Villa Regina. Las trabajadoras fueron sancionadas tras expresar la postura resolutiva de las asambleas frente a las modificaciones unilaterales en la normativa de concursos impulsadas por el Gobierno provincial. En declaraciones vertidas en el programa radial barilochense Comenzando La Mañana, el secretario de Nivel Superior de UnTER, Ramiro Acevedo, expuso los alcances de un conflicto que afecta la estabilidad laboral, la transparencia administrativa y la vida democrática de la educación superior pública rionegrina.
El conflicto por las docentes separadas en Río Negro
La medida preventiva dispuesta por las autoridades provinciales aparta a las educadoras de la actividad frente a las aulas mientras se sustancian las actuaciones administrativas incoadas en su contra. Las profesionales, quienes además se desempeñan como consejeras directivas electas por el claustro docente en la institución de Villa Regina, han sido objeto de una sanción que el gremio considera arbitraria.
«Se les inició un sumario y fueron separadas preventivamente de sus cargos, no se les permite trabajar en el Instituto y van a ser asignadas a otras funciones», señaló Ramiro Acevedo, secretario de Nivel Superior de UnTER.
El conflicto se originó en febrero, al reanudarse las tareas institucionales, cuando las comunidades académicas advirtieron que el Consejo Provincial de Educación modificó de forma inconsulta el reglamento de concursos para el ingreso a los cargos terciarios. Dicho mecanismo prevé la evaluación mediante jurados y la intervención de los consejos directivos para validar las designaciones. El gremio remarcó que esta decisión se tomó sin convocar a los vocales gremiales ni a los de las familias, vulnerando el Reglamento Orgánico Marco. Acevedo recordó que la normativa vigente es clara respecto a la participación necesaria en la toma de decisiones sobre la política educativa.
«El reglamento orgánico marco establece en su artículo 6 que las modificaciones a la política educativa que atañen al nivel superior tienen que ser discutidas con las y los docentes», remarcó Acevedo.
La posición adoptada por las consejeras sancionadas surgió del mandato expreso de las asambleas docentes del IFDC de Villa Regina, donde se rechazó una reforma reglamentaria considerada regresiva. Para la conducción sindical, la persecución administrativa constituye una medida amedrentadora orientada a cercenar las facultades resolutivas de los órganos colegiados del nivel superior rionegrino. El gremio sostiene que el caso de las docentes separadas en Río Negro es un intento de disciplinamiento.
«Entendemos esto como un intento de disciplinamiento y como una búsqueda de limitar la autonomía de los institutos», afirmó Acevedo, alertando sobre la pretensión gubernamental de erradicar los consejos directivos para concentrar las decisiones sobre la política educativa.
Asimismo, la dirigencia gremial enmarcó este proceder en una orientación alineada con las políticas del Gobierno nacional, tendientes al achicamiento y la minimización presupuestaria de la formación docente. Acevedo rechazó los discursos que buscan desacreditar los reclamos o limitar la protesta mediante proyectos de esencialidad educativa, advirtiendo sobre el deterioro salarial que obliga a los trabajadores a sobrecargarse de empleos para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Esta precariedad laboral, que fuerza a los docentes a cumplir extensas jornadas en múltiples establecimientos, atenta de manera directa contra las condiciones necesarias para construir una enseñanza pública de calidad.
Frente a la constante negativa del Ejecutivo provincial a entablar canales de diálogo, la organización sindical insiste en la urgente necesidad de formalizar instancias de concertación sectorial para discutir la normativa pedagógica e institucional. El gremio pretende abordar la problemática directamente con la directora de Educación Superior, Gabriela Choco, a fin de detener las medidas punitivas y restituir las plenas funciones de los consejos directivos.
«Le venimos pidiendo al gobierno, paritaria tras paritaria, que habilite las mesas de trabajo», aseveró Acevedo, indicando que el gremio busca una solución definitiva al conflicto.
El panorama de reclamos incluye también a otras modalidades del sistema educativo rionegrino, como la educación especial, atravesada por problemas edilicios y la escasez de recursos profesionales para acompañar los procesos de inclusión. En el marco de las actividades de protesta organizadas en Villa Regina con la participación de docentes y estudiantado, el gremio ratificó su vocación de defensa de la enseñanza terciaria. La organización exige el desmantelamiento de los sumarios y la reincorporación inmediata de las cuatro consejeras, subrayando la importancia de proteger la calidad académica.
«Están defendiendo la formación docente para que esta sea la mejor posible y en las mejores condiciones posibles», concluyó Acevedo, al reiterar la exigencia de normalización institucional.
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