Sr. lector, como lo anunciamos la semana anterior, entramos en zona de política internacional. Hoy vamos a hablar de la trampa ambiental del acuerdo de libre comercio más importante en décadas entre la Unión Europea y el Mercosur.
Vamos a contarle lo que tiene que saber del impacto ambiental de este acuerdo, del que pocos hablan mientras se repasan cifras de importaciones, aranceles y miles de millones de dólares vinculados a la relación con China.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, tras décadas de negociación, representa uno de los tratados de libre comercio más grandes del mundo. Su impacto comercial es profundo y diferenciado según el sector y la región.
Para el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el acuerdo implica la apertura de un mercado de más de 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.
Las exportaciones agrícolas aparecen como las principales beneficiadas. La Unión Europea eliminará aranceles para el 99 % de las exportaciones agrícolas del Mercosur. Productos como carne vacuna, aves, azúcar y miel verán reducciones drásticas o ingresarán bajo cuotas preferenciales.
También se eliminan aranceles para productos regionales como cítricos, peras, manzanas y aceites vegetales, lo que permite a las economías regionales competir en igualdad de condiciones.
El acceso a tecnología europea es otro de los puntos destacados. Las empresas del Mercosur podrán importar maquinaria, insumos químicos y tecnología a menores costos, con impacto potencial en la productividad. El mayor desafío aparece en el plano industrial, donde persisten tensiones estructurales.
Para la Unión Europea, el acuerdo representa una victoria estratégica para consolidar su presencia en América Latina frente a la influencia de China y Estados Unidos.
Las empresas europeas dejarán de pagar alrededor de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Sectores como el automotriz, la maquinaria y los productos farmacéuticos tendrán un acceso ampliado al mercado regional.
Por primera vez, además, las empresas europeas podrán participar en licitaciones públicas de los gobiernos del Mercosur en igualdad de condiciones con las empresas locales.
El impacto ambiental como eje del acuerdo
El impacto ambiental es, paradójicamente, el mayor punto de conflicto y, a la vez, uno de los motores del acuerdo. Las exigencias ambientales de Bruselas dejaron de ser sugerencias para convertirse en requisitos legales de acceso al mercado europeo.
En este contexto, la trampa ambiental del acuerdo se expresa en al menos tres frentes clave para los países del Mercosur.
El primero es el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea. Esta normativa prohíbe la importación de productos como soja, carne bovina, madera, cacao, café, caucho y cuero provenientes de tierras deforestadas después de diciembre de 2020.
La trazabilidad obligatoria exige a los productores demostrar, mediante geolocalización, que no generaron deforestación. Esto impulsa una digitalización acelerada del agro, pero deja en riesgo a pequeños productores sin capacidad de certificar.
Al mismo tiempo, la eliminación de aranceles puede incentivar la expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos y biomas sensibles como el Gran Chaco, la Selva Paranaense y la Amazonia.
Otro punto crítico es el uso de agroquímicos. El acuerdo facilita la importación de pesticidas europeos que están prohibidos en la propia Unión Europea, pero que siguen siendo legales en Sudamérica.
Estas sustancias, algunas catalogadas como cancerígenas o neurotóxicas, terminan contaminando suelos y acuíferos estratégicos como el Guaraní.
El capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible introduce compromisos vinculantes, incluyendo el cumplimiento del Acuerdo de París como condición para mantener beneficios arancelarios.
Existen mecanismos de denuncia desde la sociedad civil y programas de cooperación financiera para la transición verde. Sin embargo, persiste el riesgo de un efecto rebote que termine impactando también en los consumidores europeos.
