Por Tomás Guevara
En estas jornadas nuestra ciudad vive una nueva crisis habitacional. Decenas de familias han decidido tomar terrenos en diferentes puntos de nuestra ciudad, en particular en la zona sur, generando conflictos entre vecinos y malestar entre la ciudadanía. Lejos de ser sorprendente, es esperable que esta situación se repita periódicamente si no se toman medidas de fondo.
Lo primero que hay que destacar es que, más allá de cualquier motivación política u organización
colectiva, nadie decide algo tan radical como tomar tierra si no se encuentra en una situación de
extrema necesidad. Esto no sólo porque ocupar implica involucrarse en una dinámica de
conflictividad e incertidumbre, sino porque implica mucho esfuerzo y desgaste.
Estamos frente a personas que tienen necesidades y derechos humanos vulnerados, por lo que el Estado no puede desentenderse, ni limitarse a tener un rol como querellante en causas judiciales.
Es importante comprender que nos encontramos ante un problema estructural que aqueja a muchas
ciudades, pero que adquiere una gravedad inusitada en una ciudad turística. En trabajos recientes
del CIETES-UNRN, hemos señalado que existe un déficit habitacional de al menos 10 mil hogares
en Bariloche. Casi el 70% de este déficit está explicado por personas y hogares que se encuentran
en situación de hacinamiento, es decir demasiadas personas por vivienda.
Por su parte, existen alrededor de 3.500 hogares que viven en barrios populares con problemas de acceso a los servicios básicos y de regularización dominial. Asimismo, cada año alrededor de 750 hogares nuevos se crean, por la propia dinámica demográfica de la población. Dada las condiciones de pobreza imperantes, una parte importante de esos hogares no accede a una solución habitacional a través del mercado (ni comprando ni alquilando) y necesita de asistencia por parte del Estado.
Por ello, hacen falta políticas públicas activas para garantizar el derecho humano a una vivienda
digna. Es necesario conseguir financiamiento para construir viviendas nuevas, así como políticas de
microcrédito para mejoramientos habitacionales. Es fundamental regular el mercado de alquileres,
en línea con el proyecto que tiene media sanción en el Congreso. Pero, lo fundamental es la política de producción de lotes con servicios, que es de competencia exclusiva del nivel local.
El Estado Municipal se ha retirado hacia una política meramente pasiva de cesión de tierra sin urbanizar a entidades intermedias para que estas se ocupen de la infraestructura, pero con resultados poco satisfactorios. La otra variante ha sido articular loteos con planes de viviendas sociales que
garanticen la infraestructura, pero también el resultado ha sido magro, dada la escasez de
financiamiento de Provincia y Nación. En la actualidad existen alrededor de 2 mil lotes en
producción por parte del Estado Municipal, en diferentes tipos de operatorias, y alrededor de 1.000
viviendas sociales del IPPV. Es un número importante, pero algunos de estos proyectos tienen casi
10 años de ejecución (se iniciaron entre 2009 y 2011), sin que se hayan finalizado, por lo que una
proporción muy pequeña de los destinatarios está viviendo en el lugar.
Estamos ante un nuevo Gobierno Nacional que va a tener una iniciativa mucho mayor en materia
habitacional. Los primeros pasos son muy auspiciosos, con la creación del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat, el nombramiento de Fernanda Miño -una referente de La Cava e integrante de
la CTEP- como Secretaria de Integración Socio Urbana, la reactivación del PROCREAR y de la
construcción de viviendas que estaban paradas por falta de financiamiento.
Así las cosas, el contexto nacional es propicio para que la ciudad de Bariloche encare con decisión y
máxima prioridad una política pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a una vivienda
digna consagrado en tratados internacionales, constituciones nacional, provincial y municipal.
Existen herramientas suficientes en Bariloche para enfrentar la situación y cambiar la tendencia en
el corto plazo: consejo social de tierras, instituto autárquico, banco de tierras, ordenanza de plusvalía urbana, entre otros instrumentos que requieren de una fuerte voluntad y decisión política por parte de la gestión local. Ahora es cuando.
Tomás Guevara
UNRN-CIETES / CONICET
